Patti cercado por la Justicia

A fin de mes el ex comisario y casi diputado nacional Luis Abelardo Patti, enfrentará a un Tribunal que evaluará su responsabilidad en el secuestro, tortura y desaparición de personas durante la última Dictadura Militar. El Fiscal Federal Juan Murray será el acusador, el mismo que logró que se reabriera la investigación de la emblemática causa “Pereyra Rossi-Cambiaso”.
Junto a Patti se sentarán en el banquillo de los acusados, ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, el último presidente de facto Reynaldo Bignone; el ex general Santiago Omar Riveros, Eduardo Alfredo Espósito y el ex titular de la comisaría de Escobar cuando Patti trabajó allí en la dictadura, Juan Fernando Meneghini.
Entre los testigos considerados fundamentales por los querellantes está el hijo de una de las víctimas, quien recientemente recuperó su identidad, Manuel Gonçalves, sobreviviente de la denominada “Masacre de calle Juan B Justo”.
Patti está detenido en la cárcel de Villa Devoto, tras negársele un pedido de arresto domiciliario, mientras que Bignone y Riveros ya fueron condenados en otro proceso por el mismo tribunal y también están en penales.
Los jueces del tribunal oral Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti analizarán durante el juicio caso por caso y en etapas los hechos por los que están procesados los detenidos.
El primero en abordarse será el de Gastón Roberto Gonçalves, un joven militante de la organización Montoneros que fue secuestrado por un grupo armado el día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, se cree que en la ciudad de Zárate o en la estación de trenes de Escobar.
El 2 de abril del 76 fueron hallados cuatro cuerpos quemados con el cráneo destruido por disparos de arma de fuego, entre neumáticos encendidos. Se da por probado que uno era el joven secuestrado.
Recién en 1996 el Equipo Argentino de Antropología Forense lo identificó enterrado como NN en Escobar.
El segundo caso a tratar por el Tribunal será el del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández, secuestrados el 16 de febrero de 1977 por el entonces oficial de policía Patti en Escobar.
También fueron llevados a la comisaria de esa localidad y estuvieron hasta el 18 de febrero, cuando se los derivó a la Unidad Regional de Tigre, donde estuvieron dos horas esposados y desvestidos hasta que los subieron a dos autos Ford y encapuchados los trasladaron a Campo de Mayo.
De allí los llevaron a otros centros clandestinos hasta que finalmente se los introdujo en el baúl de un auto y partieron a Entre Ríos. En una de las paradas les suministraron inyecciones para adormecerlos y tras colocarlos en un auto de Fernández lo empujaron a un río cerca de Villaguay.
El auto quedo sumergido y fue encontrado volcado con el cadáver de Muñiz Barreto en su interior. Todo se reconstruyó en base al relato de Fernández que escapó del auto y logró sobrevivir a lo que se presentó como un falso accidente de tránsito.
El tercer caso será el ocurrido con Carlos Daniel Souto, Guillermo David D Amico, Luis Rodolfo D Amico y Osvaldo Tomás Ariosti Los hermanos D Amico están desaparecidos desde el 10 de agosto de 1976, cuando se los llevaron de su casa en Escobar.
En el juicio oral intervendrán los abogados querellantes por familiares de las víctimas Ana Oberlin y Pablo Llonto en representación de los hijos del diputado Muñiz Barreto, Juana, Diego, Antonio y de Gastón y Manuel Gonçalves y Marisa D Amico.
También lo harán los abogados Alejo Ramos Padilla y Antares Dudiuk por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, además de actuar como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Por la fiscalía la acusación estará a cargo de Marcelo García Berro, Javier De Luca y Juan Murray.
El Dr. Juan Murray se refirió a la reapertura de la investigación del caso de los militantes montoneros después de cinco años y cinco meses de haberse solicitado, con pruebas existentes y nuevos elementos de prueba aportadas solamente por la Fiscalía Federal y las querellas particulares de la causa. Murray aclara que “no hubo ninguna medida de instrucción dispuesta por el Juez Villafuerte Ruzo”. “Después de mucha mora”, dice el Fiscal Federal Subrogante, “el Juez Federal dispuso la nulidad de aquel auto de sobreseimiento provisorio dictado en 1983 y convertido en definitivo en 1986”. Los imputados, Patti, Spataro y Dieguez, este último ya fallecido, y otros quince altos oficiales militares, policías de la bonaerense y personal civil de inteligencia, han sido solicitados insistentemente por la Fiscalía y la querella particular sean detenidos e indagados, sin que hasta el momento los pedidos hayan sido oídos.
Murray se apoyó en una prueba testimonial de un ex agente de inteligencia del Ejército y otras pruebas testimoniales, para sumar coimputados a los tres principales.
La Cámara de Apelaciones de Rosario en su totalidad, seis jueces, deberá resolver las apelaciones que interpongan las defensas, con lo que los plazos se irán alargando sin poder precisar cuándo se llegará al juicio oral y público.
Por eso las quejas constantes sobre la morosidad del juzgado para resolver en causas de Derechos Humanos, en particular en ésta en la que se investiga la muerte de los dirigentes montoneros desaparecidos en Rosario.
La Cámara todavía no resolvió las recusaciones interpuestas por la Fiscalía y las querellas contra el Dr. Carlos Villafuerte Ruzo. No ha fijado fecha para las audiencias y urge que se defina esta situación antes de avanzar sobre las medidas de fondo en el esclarecimiento de estos delitos de lesa humanidad. Murray sostiene, que “cinco años desde el pedido de reapertura de la investigación, y 27 desde la muerte de Pereyra Rossi y Cambiaso, son muchos para los familiares de las víctimas”.

Foto 1: Luis Patti quedará en el banquillo de los acusados a fin de mes.
Foto 2: El Fiscal Federal Juan Murray se quejó de la morosidad en las causas de Derechos Humanos.