Con motivo de los anuncios realizados por las autoridades provinciales bonaerenses sobre la limitación de los aportes a la educación pública de gestión privada, el presidente del Consejo de Educación Católica, CEC, de la provincia de Buenos Aires, monseñor Carlos Humberto Malfa, obispo de Chascomús, hizo pública una nota.
En la misma manifiesta la preocupación por esta posible medida que impedirá a los establecimientos seguir brindando los mismos servicios educacionales, ya que se está poniendo en grave riesgo la continuidad de esa prestación y el sostenimiento de su calidad, pues “la mayoría de nuestras escuelas no está en condiciones de afrontar estos recortes ni de compensarlos subiendo los aranceles”.
Asimismo, sostiene que ésta no es la solución a las serias dificultades económicas que la provincia y el país enfrentan.
En parte de la nota expresa: "Es evidente que las medidas anunciadas de recortar los aportes destinados a cubrir al personal docente suplente, no otorgarlo a secciones que posean menos de veinte alumnos –cualquiera sea el nivel o curso-, y suspender el otorgamiento de cargos pendientes de su obtención por cualquier causa, impedirán a nuestros establecimientos seguir brindando los mismos servicios. Se está poniendo en grave riesgo la continuidad de esa prestación y el sostenimiento de su calidad, ya que la mayoría de nuestras escuelas no está en condiciones de afrontar estos recortes ni de compensarlos subiendo los aranceles.
La solución al problema no debe consistir en resignar el derecho de las familias a optar por este tipo de servicios. De acuerdo a la realidad actual una gran proporción de estos deberá plantearse seriamente la alternativa de su cierre a corto plazo.
Creemos que las autoridades educativas provinciales deberían evaluar nuevamente la dimensión de la situación en que se coloca a nuestros establecimientos educativos, sobre todo a aquellos que están insertos en comunidades de bajos recursos. Esperamos que la voz de todos permita revisar nuevamente las medidas y privilegiar la posibilidad de respetar el derecho de las familias a la continuidad de la escolaridad de sus hijos en los centros educativos que han elegido.
Reconocemos y agradecemos a las familias su participación y responsabilidad en el sostenimiento de la educación católica de sus hijos, quienes son parte del sistema educativo provincial, como asimismo a todo el personal cuya tarea es expresión de entrega en el marco de una vocación de servicio comunitario.
Solicitamos a las autoridades competentes que se respete la sana distribución del presupuesto educativo, cuya única finalidad debe ser que el Estado asuma la responsabilidad principal y exclusiva que le compete de garantizar educación para todos
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