La senadora Elisa Carca presentó una nota con el pedido de la puesta en marcha de una policía judicial que intervenga en causas complejas o en las que los ilícitos hayan sido cometidos por funcionarios públicos y/o miembros de las fuerzas de seguridad y penitenciarias.
Quizá sea ésta una de las últimas ocasiones que nos brinda la historia para encauzar a nuestro país, y por consiguiente a nuestra provincia en la senda de la ética, del respeto a la ley y la férrea lucha contra la corrupción, sin diferenciar entre hijos y entenados.
La decisión tomada por la sociedad argentina, torciendo el rumbo político iniciado en 2003, necesariamente debe plasmarse en políticas serias y eficientes que no sólo proporcionen bienestar y progreso a la población, sino también el goce pleno de las libertades y de los derechos humanos.
La corrupción generalizada, que pareciera estar en la génesis de los argentinos, resulta insoportable tanto en la esfera privada, como en la pública; sobre todo en instituciones que deben garantizar la equidad y la protección de los habitantes. Tal es el caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del Servicio Penitenciario Bonaerense, de diferentes ámbitos de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal, así como de la política misma.
Es ineludible la puesta en marcha de la llamada Policía Judicial -Cuerpo de Investigadores Judiciales- la que deberá intervenir, a solicitud de los Fiscales, en causa complejas o en las que los ilícitos hayan sido cometidos por funcionarios públicos y/o miembros de las fuerzas de seguridad y penitenciarias, con motivo o en ocasión de sus funciones. Los principios que rigen el accionar de este Cuerpo de Investigadores Judiciales son el respeto a los Derechos Humanos y a las Garantías Constitucionales, la No Militarización, la Especialidad, la Objetividad y el Deber de Reserva.
También resulta imprescindible el fin de la connivencia delictiva estructural reinante entre las autoridades políticas, las policiales, los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense y la justicia, en todos sus estamentos.
Es de esperar que aquellos que están señalados como autores o cómplices de delitos, en las distintas modalidades de la corrupción, y que ostentan cargos públicos de relevancia, den un paso al costado y se sometan a la justicia, permitiendo que las nuevas autoridades designen en esos puestos a funcionarios probos libres de resabios de un país y de una provincia que deben quedar definitivamente atrás.
Elisa B. Carca
Senadora Coalición Cívica - Ari en Cambiemos
Presidenta Comisión de Derechos Humanos y Garantías.
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