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La inseguridad no da tregua y las acciones criminales son cada vez más frecuentes y más violentas. Este tema que hace menos de un año, constituyó un tema excluyente en la campaña electoral, hoy parece deliberadamente olvidado por la política que pretende entretener a la sociedad con anuncios efectistas de distracción.
La magnitud del problema no permite que se aborde exclusivamente como un reproche a la inacción del Gobierno Provincial, sino que merece una generosa contribución de todos los sectores de la política hacia una solución integral. Está suficientemente demostrado que las medidas aisladas y espasmódicas que se adoptan cuanto ocurre algún caso resonante no han servido siquiera para atemperar la ola de violencia criminal a la que estamos sometidos los ciudadanos.
Es necesario un plan integral en materia de seguridad producto de un maduro consenso sobre lineamientos fundamentales que se proyecten en el tiempo, y que perduren con independencia del color político del gobierno que tenga a cargo la ejecución del mismo.
Entre otras aristas, debe definirse como primera medida y teniendo presente la dimensión del problema, una mayor asignación presupuestaria de recursos ya que las herramientas actualmente disponibles resultan insuficientes; para proveer desde mayor cantidad de efectivos policiales, su capacitación, jerarquización, el sostenimiento de un parque automotor enormemente deteriorado que hoy posee la policía, incorporación de tecnología para la investigación, la prevención del delito y la lucha contra el narcotráfico, etc.
A esto debe agregarse la necesidad de reformular el sistema penitenciario, que ha demostrado acabadamente su ineficiencia, si tenemos presente los índices de reincidencia, sobre todo en delitos graves.
Es necesario también abordar una política dedicada a la problemática de la criminalidad de los menores, que no pase solamente por la reducción de la edad de inimputabilidad, ni con la con la mera declamación de una ley, si no que contemple una verdadera y suficiente asignación de recursos económicos para brindar la contención integral que necesita este sector de la sociedad afectado por la desidia y el abandono.
Por último, en la mesa del debate no puede faltar un decidido compromiso de todos los estamentos del Poder Judicial en consonancia con los objetivos definidos.
Como reflexión final, insistimos, resulta necesario un amplio debate que debe dirimir la política en forma desinteresada y altruista, y que sobre los parámetros señalados se expida sobre coincidencias básicas y perdurables que permitan en un término razonable neutralizar esta ola incontenible de violencia delictual, y devolver a los ciudadanos la tranquilidad perdida.