La senadora Elisa Carca presentó un Proyecto de Ley que tiene como objetivo la creación de un Sistema de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la provincia de Buenos Aires.
El foco del proyecto será desarrollar acciones tendientes a la prevención, prohibición y sanción de cualquier forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes así como la asistencia y acompañamiento a las víctimas de tortura.
El objetivo fundamental consiste en estructurar políticas públicas de prevención de la tortura, cumpliendo de esta manera, la Provincia de Buenos Aires, con el compromiso asumido por la República Argentina de implementación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, ratificado por nuestro país en 2004 y aprobado mediante la Ley Nacional Nº 25.932 del Congreso Nacional.
El proyecto que se presenta va en consonancia con los estándares establecidos en la ley nacional con las previsiones del Protocolo Facultativo y con las directrices emanadas del Subcomité para la Prevención de la Tortura. Por ello, designa a la Comisión Provincial por la Memoria como Mecanismo Local de aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La designación de esta institución guarda fundamento en su carácter de mecanismo preexistente, el desarrollo de una extensa trayectoria en su rol de monitoreo de lugares de encierro, así como por su independencia, autonomía funcional y autarquía financiera, entre otras características que aconsejan su designación.
La CPM reúne los requisitos que se establecen en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de ONU, además de los Principios de París establecidos por la Asamblea General de Naciones Unidas:
- Cuenta institucionalmente con autonomía funcional y financiera, actuando con independencia de los distintos poderes y gestiones de gobierno.
- Tiene en sus equipos de trabajo las competencias profesionales y la multi-disciplinariedad requerida para su funcionamiento.
- Garantiza la diversidad de representaciones dentro de órgano directivo, integrado por distintos referentes de organismos de derechos humanos, credos religiosos, del ámbito académico y de sectores del trabajo. Todos con una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
- La amplia representatividad en su composición, se cumplimenta por lo enunciado y también por contar con tres representantes del Senado Provincial y tres representantes de la Cámara de Diputados que, según su ley de creación, deben pertenecer a los tres bloques mayoritarios dando cuenta pluralmente de las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria.
La CPM reconoce que las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad es una deuda del estado democrático de derecho hasta nuestros días y, por lo tanto, ha orientado sus prioridades institucionales a intervenir de distintas maneras para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas.
Durante todos estos años, la CPM ha mantenido una fuerte presencia ante los organismos internacionales de derechos humanos que emitieron contundentes observaciones y recomendaciones a la Argentina por las violaciones de Derechos Humanos en los lugares de detención y los cometidos por fuerzas policiales o de seguridad. Se presentaron informes ante el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, la Relatoría Sobre Detenciones Arbitrarias y Relatoría Especial Contra la Tortura, todos ellos de Naciones Unidas. También ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, sobre Derechos de la Niñez y sobre Derechos de las Mujeres y sobre Migrantes.
La Comisión Provincial por la Memoria, ha desarrollado también una profunda vinculación con organizaciones de la Sociedad Civil, a nivel provincial, nacional e internacional. Esto incluye el desarrollo de una extensa red de organizaciones, familiares y víctimas de la violencia institucional con la que se articulan instancias de organización, capacitación e intervención. Esto constituye un pilar fundamental para garantizar que a nivel provincial se constituya un sistema de prevención de la tortura que cumpla con los objetivos establecidos por las recomendaciones de los organismos internacionales y los instaurados por la ley nacional.
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