El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás ordenó la detención de ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y tres miembros del Ejército en un juicio que investiga el secuestro, torturas y muertes de integrantes del PRT-ERP de la región norte.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es querellante en la causa y aportó prueba documental del archivo de la DIPPBA que daría cuenta de las tareas de inteligencia y espionaje que permitieron llevar adelante las operaciones militares y de la participación del mismo personal de la DIPPBA en los grupos de tarea que habrían cometido estos delitos.
En noviembre de 1976, una serie de operativos militares en la región de San Nicolás y Pergamino terminaron con el secuestro y detención de varios miembros del Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP); algunos de ellos, permanecieron un tiempo en cautiverio, otros fueron asesinados y otros permanecen desaparecidos.
En total la causa tiene 12 víctimas: Carlos Santillán e Irene Ballester, María Cristina Lanzilloto, María Lucila y Jorge Lanzilloto, Adriana Pierro, Carlos Miranda, Carlos Pérez y Leonor Genoveva Pierro, Marta San Martín, Pedro Preto, Benjamín Santillán.
En tanto que los detenidos, Enabel Cappa, Raúl Calabressi, Miguel Ángel Amarillo, Félix Aladro, Julio Carranza, Oscar Parodi y Pedro Díaz eran en ese momento agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), delegación San Nicolás. Todos fueron recientemente detenidos en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad, algunos de los cuales ya se encuentran en su domicilio aguardando el proceso.
En lo que respecta a Miguel Ángel Amarillo, fue excarcelado el mismo día que prestó declaración indagatoria. El juez consideró otorgar la libertad ambulatoria teniendo en cuenta el principio de inocencia, del que se deriva la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme. Asimismo, se consideró que el imputado no intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones ni existe posibilidad de fuga. En tanto, la fiscalía apeló esta decisión y se aguarda la resolución de la Cámara, mientras que Amarillo seguirá en libertad.
Por otra parte, la decisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, también alcanzó a los miembros del Ejército Guillermo Piccione, Antonio Bossié y Omar Andrada, estos dos últimos ya están en prisión por condenas anteriores.
Tanto las denuncias como el proceso a las personas investigadas por acciones relacionadas con allanamientos en domicilios particulares, probable secuestro de personas, tortura y muerte, sigue su curso legal y en plena etapa de investigación.
Para todos los agentes de la inteligencia bonaerense imputados en esta causa, es la primera vez que tienen que rendir cuentas ante la justicia como posibles involucrados en crímenes de lesa humanidad.
por parte de su
defendido
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