Mediante un decreto el gobernador de la provincia de Buenos Aires busca que las prestadoras de servicios sean flexibles en esta crisis por la pandemia.
El Gobierno de Axel Kicillof adhirió a la medida nacional que prohíbe a las empresas de servicios cortar los suministros en casos de mora o falta de pago para usuarios que se encuentran en situación de fragilidad social.
Esta medida fue anunciada mediante el decreto 194 publicado en el Boletín Oficial bonaerense donde abarca a los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales bonaerenses.
Mediante esta iniciativa se dispuso que esos prestadores no podrán suspender o cortar los servicios a los usuarios que indica el artículo 3° del Decreto Nacional N° 311/2020, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020, incluyendo a quienes ya tenían un aviso de corte en curso.
La medida también alcanza a los beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo, y usuarios inscriptos en el régimen de monotributo social.
También se aplica a jubilados, pensionadas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos; monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo y usuarios que perciben seguro de desempleo.
Por último están incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas; las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas; las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia; y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.
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