El gobierno decreto este jueves en el Boletín Oficial el poder de fiscalización y control de precios a los municipios a raíz de los aumentos registrados en las últimas semanas, durante la cuarentena obligatoria
Pese a que el Poder Ejecutivo decidió fijar precios máximos en productos esenciales y retrotraer los valores de 2.300 artículos, se registró un notable incumplimiento en las tarifas en distintos comercios que se abusan de los aumentos de precios en esta situación de aislamiento social.
Por ello, el presidente Alberto Fernández decretó que las autoridades municipales tendrán el poder de fiscalización y control de precios, que se estableció en la resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior ,con el objeto de asegurar los precios establecidos por el gobierno que se fijaron cuando comenzó la pandemia.
Vale acalar que los municipios estarán habilitados al labrado de actas por irregularidades en los valores de los productos,
pero será la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo el organismo quien determinará el procedimiento para la remisión de las actuaciones labradas y su posterior juzgamiento.
Mediante este nuevo decreto los intendentes tendrán a su disposición el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, que establece la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, realizar allanamientos, secuestrar libros, intervenir la mercadería en infracción y clausurar de forma preventiva por tres días los locales, con posibilidad de prorrogarlos a treinta.
También estarán habilitados a citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración y podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente.
Esta normativa había sido anunciada el pasado domingo por Alberto Fernández y se esperaba que sea publicada el pasado lunes. Sin embargo, se decretó este jueves.
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