La medida adoptada por la justicia de San Nicolás ordena al banco no descontar las cuotas de un crédito que los estafadores tomaron a nombre de la titular de la cuenta vía home banking y transfirieron a otras. Esta vez fue una abogada sampedrina la que logró que "se evite un daño mayor" a su representada mientras se resuelve la causa de estafa que se inició en el fuero penal. El caso de esta abogada estafada, miembro del poder judicial, que brindó datos de su cuenta sienta un precedente importante para las miles de persona que han sido engañadas y que sólo han obtenido por parte de las entidades bancarias respuestas que no van más allá de "lamentamos su situación" pero debe devolver el dinero.
La victima es una abogada que trabaja en una dependencia judicial de la ciudad de San Pedro. El estudio jurídico que la patrocina logró un fallo inédito que desnuda la fragilidad del software bancario con el que se pepetran delitos sin que las entidades resguarden a sus clientes de los fraudes informáticos que abundan y van desde premios en programas televisivos a subsidios del Ansés que indemniza a los pacientes con COVID o a beneficiarios del IFE por la pandemia de coronavirus "a los que no se les pudo depositar en sus cuentas". La causa que se tramitó en la justicia de San Nicolás indica que los estafadores montaron un suceso verosímil y desde la cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires sacaron un préstamo de 900 mil pesos. LaNoticia1.com dialogó con la Dra. Marisa López Bravo, la abogada que logró la medida de "no innovar" que impide a la sucursal bancaria descontar las cuotas de más de 40.000 pesos mensuales que debía devolver la profesional engañada. En La Plata hubo un fallo simillar que se sumará a fortalecer los derechos de los consumidores.
Cómo fue la estafa
Sucedió durante un fin de semana, cuando una abogada que se desempeña en el poder judicial recibió un llamado en su celular particular en el que le explicaban que a su hija le debían acreditar tres meses de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y que como no poseían su CBU necesitaban depositar en una cuenta habilitada. Con algunas sospechas pero sin dejar de pensar que la situación era real porque precisamente se trata de una joven que no tiene trabajo y había tramitado el beneficio que el gobierno otorgó durante la pandemia se dirigió a un cajero automático del Banco Provincia y respondíó los requerimientos de un supuesto asistente del Banco Nación y otra persona vinculada al departamento de informática. En la presentación, que luego su patrocinante radicó en la justicia, indicó que "la precisión de los datos hacia al hecho verosímil y confiable".
Una vez que la víctima entregó datos de su cuenta, los estafadores, sacaron un préstamo de 900.000 pesos a su nombre. Al detectar la situación la persona estafada intentó comunicarse con el banco pero no fue posible. “Al otro día concurre al Banco Provincia, habla con el subgerente y le informan que habían utilizado 200 pesos de su cuenta para la llamada telefónica”, explicó a LaNoticia1.com, su abogada, Marisa López Bravo como claro ejemplo del nivel de la situación de abuso que sufrió su clienta que fue informada además que debería pagar a partir del mes de septiembre una cuota de poco más de 46.000 pesos mensuales.
Fallo inédito
Siempre se dijo que el problema con este tipo de delitos es que no hay a quien imputarlos. La demora incluso conspira contra el cliente porque las entidades no se compromenten a bloquear las cuentas de los destinatarios o a acompañar a sus clientes para dar con los malversadores. “La denuncia por estafa sirve para dar un puntapié inicial pero no sirve para suspender las consecuencias porque al no tener a quien imputar el hecho se termina archivando la causa”, detalló López Bravo.
Por ello busó la vía de transformar el delito a imputar en una acción civil distinta y dirigir la acción hacia el banco y la tarjeta de crédito que en este caso es Visa. “Al juez le tenés que demostrar cual va a ser el daño posible particular de ese cliente”, explicó la abogada en clara intención de ratificar que se necesita evitarle a la damnificada un mal mayor al que ya sufrió a manos de los estafadores.
Hay una figura en el código civil y comercial que es la prevención de los daños. Lopez Bravo consideró que "el sistema de software con el que cuenta el banco y apoya toda esta parte tecnológica carece de la seguridad para el usuario sino estas cosas no podrían suceder. Hay un déficit en la parte informática del banco” que incluso hace que llame la atención que a personas que tienen un sueldo seguro se les otorguen préstamos por cifras que a cualquier otro cliente les cuesta justificar. Eso sucedió hace poco tiempo con un empleado de la planta Toyota que contrajo coronavirus y fue engañado del mismo modo pero por el "Ministerio de Salud que le daba un subsidio de 17.500 pesos por los días que estuvo aislado a causa de la enfermedad" y terminó con dos créditos de 600.000 pesos en el Banco Santander Río. En La Plata un jubilado fue estafado con dos créditos de 500 mil y 46 mil pesos respectivamente y un juzgado platense hizo lugar a la medida cautelar para que el Banco Provincia no cobre las cuotas del crédito obtenido mediante la estafa.
Hay infinitas causas que mueren en las fiscalías archivadas porque al no tener a quien perpetró la estafa, no hay a quien penalizar pero con esta estrategia los bancos tendrán que arbitrar medidas de cuidado como la consulta a su cliente o la protección durante las jornadas no laborables.
La abogada López Bravo advirtió que esta “es una medida preventiva, esto va a seguir su trámite correspondiente pero en principio lo que se logra es evitar un daño al patrimonio de la persona”. Por último, la letrada, afirmó que para evitar estas situaciones “lo ideal es no brindar información telefónica” y acudir a las sucursales.
FUENTE: LA NOTICIA 1
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