El tribunal ordenó la prisión preventiva del funcionario y confirmó su procesamiento, que también incluye los delitos de falseamiento de declaraciones juradas y lavado de activos. La esposa y el hijo son considerados partícipes necesarios. El fallo recorre la larga lista de bienes muebles e inmuebles, dinero en cuentas locales y del exterior y el contraste con sus declaraciones juradas.
La Sala A de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar al recurso de la Fiscalía Federal de San Nicolás y ordenó la prisión preventiva del funcionario de la Aduana Ademar Alberto Gutiérrez, a quien además confirmó el procesamiento por enriquecimiento ilícito, falseamiento de declaraciones juradas y lavado de activos agravado en carácter de autor. En la misma resolución el tribunal confirmó los procesamientos de la esposa y del hijo del funcionario por los mismos delitos, en carácter de partícipes necesarios.
La resolución judicial validó el trabajo de investigación que se encuentra delegado en la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, e hizo lugar al único agravio planteado por el MPF tras el auto de procesamiento. El recurso fue interpuesto por el fiscal ad hoc Wenceslao Insua porque el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Russo había negado el pedido de prisión preventiva para el funcionario aduanero.
La investigación judicial sobre Gutiérrez se inició en 2016, luego de que la propia Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduandas (AFIP-DGA) realizara una auditoría interna para determinar inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario en relación con su patrimonio y del contraste de aquellas declaraciones con las presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
"Se puede concluir la autoría de Ademar Alberto Gutiérrez en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, ya que del plexo probatorio surge un apreciable incremento patrimonial sin justa causa aparente producido a lo largo de su desempeño en la Aduana de San Nicolás, es decir, que excede recidamente las posibilidades económicas emergentes de los ingresos normales que percibe como funcionario del ente recaudador Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGA)", sostuvieron los camaristas José Guillermo Toledo (cuyo voto lideró el acuerdo) y Aníbal Pineda.
En tal sentido, agregaron que "no cabe duda que todas las inconsistencias descriptas resultaron demostrativas de que Ademar A. Gutiérrez falta a la verdad en sus declaraciones juradas, reflejando discordancias con su realidad económica, pudiendo inferirse que el imputado aquí en trato actuó con conocimiento y voluntad de inducir a error sobre su situación patrimonial con el objeto de evitar poner de manifiesto las diferencias advertidas entre sus ingresos y su patrimonio".
En esa línea, los jueces de la Cámara señalaron que Luciano León Gutiérrez y Analía Liliana Catalani, hijo y esposa del principal imputado, fueron "personas interpuestas para hacer posible el incremento patrimonial delictivo". Indicaron que "la responsabilidad de estos participes sería simular el enriquecimiento patrimonial injustificado, lo cual se explica en la colaboración prestada para "disimular" el incremento patrimonial del funcionario público Gutiérrez".
Bienes muebles e inmuebles
El caso se inició cuando la Subdirección de Auditoría Interna de la AFIP puso en conocimiento el resultado de informes que daban cuenta de la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de Gutiérrez.
La auditoría se realizó a partir de que se detectó que Gutiérrez había comprado, en calidad de gestor de su madre, en 2005, un establecimiento en Marcos Paz por alrrededor de 500 mil dólares, y que había hecho un pago en efectivo por 350 mil dólares. Según la Unidad de Auditoria Interna de la AFIP, a la fecha de compra del establecimiento, los recursos del imputado eran insuficientes para abonar aquel valor.
Además, la auditoria del organismo recaudatorio observó que la propiedad objeto de la denuncia no aparece en ninguna de las declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas por el imputado ante la OA y surgió de las pesquisas efectuadas que su madre tampoco tenía capacidad económica suficiente para la operación.
En efecto, tras la denuncia judicial y la investigación delegada en el MPF, se le imputó a Ademar haber registrado un apreciable e indebido incremento patrimonial desde su ingreso a la AFIP-DGA (en 1980), puesto que se determinó que su patrimonio estaba compuesto por un galpón y anexo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también un departamento en el barrio de Belgrano; el campo en Marcos Paz; una casa, un terreno, una casa quinta y un departamento en San Nicolás; un departamento en Mar del Plata; un terreno y casa en construcción en Alta Gracia, Córdoba; un vehículo Volkswagen Surán (2011); un Peugeot 308 (2012); un Peugeot 408 (2014); dos camionetas Toyota Hilux (2015 y 2018); una embarcación deportiva; un cuatriciclo; una cuenta en el Safra National Bank of New York con más de 650 mil dólares; y la tenencia de plazos fijos en pesos y depósitos muy superiores a los ingresos registrados; y tenencia de alhajas y relojes de valor. Algunos de esos bienes fueron inscriptos a nombre de su esposa Analía Liliana Catalani y de su hijo Luciano León Gutiérrez.
En relación a sus declaraciones juradas, reseñó el tribunal de alzada en la confirmación del procesamiento, se constató el falseamiento de datos y la omisión de la declaración de bienes. Entre 2010 y 2014 las declaraciones juradas presentadas en la OA fueron inferiores a las presentadas ante la AFIP, con el siguiente contraste:
En 2010, a la AFIP declaró 237 mil pesos, mientras que a la AFIP poco más de 1 millón.
En 2011, 563 mil y 1,4 millones.
En 2012, 1,2 millones y 2,9 millones
En 2013, 1,2 millones y 3,9 millones
En 2014, 900 mil y 4,2 millones.
Frente a los cuestionamiento que hizo la defensa a la "oscura legalidad" de los informes evaluados, la Cámara Federal sostuvo que "el examen desarrollado en los diferentes informes fue efectuado con base a los antecedentes reunidos, que consistieron en un análisis exhaustivo del universo de documentación conformado no solo por las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGA), sino por los informes remitidos por distintos organismos públicos y privados respecto de la totalidad de la actividad económica de Ademar Alberto Gutiérrez, Analía Liliana Catalani y Luciano León Gutiérrez, valorados por el juez conforme las reglas de la sana crítica racional".
Otras actividades
Entre otras cosas, durante la investigación se determinó que el imputado desarrollaría actividades por las recibiría rentas que no ha declarado, como el alquiler de un galpón para una firma que se dedica a la fabricación de placas de hormigón en Marcos Paz, la propiedad de un criadero de cerdos, nutrias y lombrices, y de una fábrica de baldosas.
Además, la Cámara Federal puso de relieve las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y los ingresos netos del imputado por su trabajo en relación de dependencia, pues de acuerdo a la investigación sus ingresos anuales son superiores a los ingresos percibidos como funcionario de Aduana, aunque no se declaró ingresos por otras actividades.
El tribunal asimismo destacó que en el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITTER) hay registro de que el imputado tuvo acreditaciones anuales destacadas en diversas cuentas bancarias: en 2015, 2,6 millones de pesos; en 2016, más de 10 millones; en 2017, más de 14 millones; y en 2018, más de 5 millones.
Por otro lado, los camaristas remarcaron que en el allanamiento practicado a las oficinas de la AFIP en el Puerto de San Nicolás, donde se dempeñaba el imputado, se encontró la documentación sobre el estado de la cuenta bancaria en el Safra National Bank of New York, con más de 650 mil dólares: "Se presenta en el caso que una importante suma de dinero se encuentra en el exterior, desconociéndose el origen de esos fondos", indicaron.
Entre otros hechos, la Cámara recordó que el día en que iba a realizarse el allanamiento a las cajas de seguridad del imputado en la Sucursal San Nicolás del Banco Nación, se constató su presencia en el lugar minutos antes del procedimiento. Personal policial lo demoró. Portaba una mochila que contenía en su interior más de 36 mil dólares. El fallo indica que, ese mismo día, el imputado obtuvo la apertura de una nueva caja de seguridad, donde fueron hallados más de 24 mil dólares.
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