El Gobierno amplía la Tarjeta Alimentar

Luego de la renovación de las restricciones a la actividad por la segunda ola, el Gobierno reforzará los gastos en asistencia para los sectores más afectados por las prohibiciones y a los segmentos de menores ingresos ante la aceleración inflacionaria de las últimas semanas y fuertes subas en alimentos.

El presidente, Alberto Fernández, dispuso una extensión del universo de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, el programa destinado a los hogares de menores recursos para facilitar el acceso a los productos de la canasta básica, en un contexto de la escalada inflacionaria, en especial del rubro de alimentos.

Así, el beneficio que estaba previsto para madres con hijos de hasta 6 años pasará a estar disponible para aquellas familias con hijos de hasta 14 años inclusive, en respuesta a la elevada tasa de pobreza en esa franja etárea.

De esta manera, el programa beneficiaba a 1,6 millones de niños y ahora se ampliará a casi 4 millones, con un gasto estimado de $ 30.000 millones por mes, el triple que lo que insumía el esquema anterior.

En febrero, el monto de la Tarjeta Alimentar subió un 50%, por lo que las madres con un hijo pasaron a cobrar de $ 4000 y a $ 6000 por mes, mientras que los que tienen dos o más hijos de esa edad pasaron a percibir de $ 6000 a $ 9000. Este programa está dirigido a familias con hijos menores a, desde ahora, 14 años que reciben la asignación universal por hijo (AUH) y a embarazadas que cobran la la asignación por embarazo.

En el primer trimestre, las políticas alimentarias en las que se inscriben los fondos para la Tarjeta Alimentar totalizaron $ 29.251 millones, apenas un 12,5% más en la comparación interanual, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Hasta marzo, los alimentos y bebidas treparon 14%, un punto por encima del nivel general, mientras que en abril las consultoras estiman que rondó nuevamente el 4%.

Del acto participaron también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matía Kulfas; la presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Por su parte, Kulfas anunció los acuerdos de precios para amortiguar los incrementos en alimentos, como carnes y verduras, además de enfatizar el estado de negociaciones con empresas del sector para acordar una canasta de 120 productos con precios fijos por 180 días que se comercialicen en comercios de proximidad como almacenes.

"Con empresas del sector alimenticio nucleados en la Copal estamos negociando una canasta de 120 productos básicos del consumo. Precios Cuidados mostró su efectividad en las grandes superficies, con esta nueva herramienta llegaremos desde junio a los comercios de proximidad", señaló y aclaró que en la etiqueta tendrán el mismo precio por 180 días.

El nuevo acuerdo de carnes regirá desde el martes hasta fin de año y va a incluir 11 cortes. "Tendrá precios accesibles e incluso con algunas reducciones, de lunes a viernes, que va a estar disponible en más de 3000 puntos de venta en el país. También sumamos camiones de venta directa en algunos municipios", señaló el ministro.

Sobre las verduras, Kulfas estima que con la eliminación de márgenes de intermediarios los precios serán 30% o 40% más baratos que comercios minoristas.

MEDIDAS EN CARPETA
Por otro lado, el Gobierno evalúa repetir el pago del bono de $ 15.000 a beneficiarios de AUH, de asignaciones por embarazo y a monotributistas de categorías A y B, e incluso ampliar el universo de destinatarios, a pesar de que esta posibilidad no fue mencionada en el acto. No obstante, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) está descartado.

Esta semana, el gabinete económico ya anunció que las empresas afectadas por la segunda ola que reciban el Repro II quedarán eximidas de pagar las contribuciones patronales hasta el 31 de diciembre, además de que la AFIP otorgará facilidades para regularizar deudas tributarias y previsionales. También se suspenderán las ejecuciones fiscales.

Además, la semana pasada el Ejecutivo decidió apoyar la suba de 35% del salario mínimo y, por ende, de programas de asistencia cuyos montos se ajustan a esa variable como los planes Potenciar Trabajo y Acompañar.

Naturalmente, el incremento en algunas de estas partidas achicaría el espacio de erogaciones autorizado para este año, de cerca de $ 165.000 millones.

Este margen fue aumentado en el primer trimestre luego de que el Presupuesto preveía $ 94.556 millones, cerca del 10% de lo volcado el año pasado ($ 917.000 millones), dado que las previsiones fiscales de 2021 mantenían el gasto en términos reales y contemplaban que el déficit disminuiría con la remoción de las partidas asociadas al Covid.

En el primer trimestre, los gastos ejecutados alcanzaron los $ 58.032 millones. Con el bono a empleados de la sanidad ($ 14.430 millones), la ampliación del Repro II ($ 6000 millones por mes) y el bono de $ 15.000 a beneficiarios AUH y monotributo (cerca de $ 14.000 millones) el gasto Covid superaría la mitad del monto autorizado, por lo que se requerirá otra modificación presupuestaria.