En el marco de la causa penal por extorsión y coacción que mantiene detenidos a los sindicalistas de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, prestó declaración testimonial ante la fiscal María del Valle Viviani, la delegada del Ministerio de Trabajo de San Pedro, Sofía Rotundo.
La abogada fue citada por Viviani en la sede de la Fiscalía con el objetivo de solicitarle algunos detalles relacionados con la documentación que oportunamente le requirieron a la Delegación de la cartera laboral que conduce y que está vinculada a las actuaciones labradas durante el conflicto entre la empresa Rey Distribuciones y el Sindicato de Camioneros.
Rotundo brindó las explicaciones correspondientes para profundizar en aquellos aspectos que la fiscal le requirió y se retiró de Fiscalía antes de las 15.00, tras cumplir con el requerimiento judicial como funcionaria interviniente en el conflicto.
La Delegación local del Ministerio de Trabajo tomó intervención ante los reclamos laborales planteados por el sindicato y cumplió tareas de mediación en el marco del conflicto que luego derivó en la denuncia penal por parte de la familia Rey contra los sindicalistas de Camioneros.
Mientras Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola siguen detenidos en la DDI de San Nicolás a la espera de una vacante que permita su traslado a una unidad penal, los trabajadores imputados presentaron un escrito ante la fiscal María del Valle Viviani acompañados por el abogado defensor, Mauricio Gugger.
Según trascendió y como parte de la misma causa por el bloqueo de la planta distribuidora en la que se les imputan delitos como extorsión y coacción, la citación les permite ejercer su derecho a defensa sin afectar los derechos gremiales a los que intentaron aferrarse los representantes del gremio al que pertenecen.
Hay que recordar que fue la propia fiscal quien se presentó en la sede de la distribuidora para verificar la presencia de vehículos que impedían el normal funcionamiento y tarea de la empresa de la familia Rey.
Y que es la primera oportunidad en la que se denuncia penalmente el accionar de integrantes del gremio que ahora deberán esperar que se expida la Justicia en los plazos previstos, mientras se evalúan los recursos presentados para la excarcelación.
También se supo que el abogado nicoleño Daniel Ruíz interpuso otro pedido de hábeas corpus ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, aunque en este caso actuó como podría hacer cualquier ciudadano que vea que se vulneran derechos o se producen decisiones arbitrarias contra cualquier persona (Fuente: laopinionsemanario.com.ar).
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