Con la expansión de la frontera agrícola se incrementó el uso de agroquímicos y aumentaron los productos fitosanitarios que llegan al campo y se comercializan en envases plásticos. En Argentina esto genera alrededor de 20 millones de recipientes vacíos, de acuerdo a la estimación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La cifra estimada representa entre 15 y 17 mil toneladas de plástico cada año.
Su uso responsable es fundamental para el cuidado del medio ambiente en un contexto donde los residuos plásticos constituyen una de las principales preocupaciones a nivel mundial. Sin embargo, una gran porción de estos envases no recibe el tratamiento adecuado y permanecen dispersos a la intemperie. Es bastante común verlos desperdigados alrededor de los molinos de agua, en las cunetas de los caminos vecinales o en algún arroyo.
Los envases de agroquímicos usados integran el 90% de los residuos peligrosos que hoy no reciben un tratamiento adecuado, según un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
De las 4.000 toneladas de envases con agroquímicos (los estudios son teóricos, de estimación) que se generan anualmente en la provincia de Buenos Aires, en 2021 solo se trataron 1.700 toneladas, según se desprende de datos de Campo Limpio, una organización integrada por empresas del sector que tiene como objetivo recuperar los envases vacíos.
El circuito de los envases
La Ley 27.279 de "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios" de 2018 tiene como objetivos garantizar la gestión integral de los envases vacíos de fitosanitarios y asegurar que esos recipientes no sean empleados en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o animal ni tengan efectos negativos sobre el ambiente.
Además, la ley establece obligaciones para todos los actores que intervienen en la cadena, desde la producción hasta el uso del insumo. Y responsabiliza a las empresas que comercializan estos agroquímicos de retirar estos envases del medioambiente y de descartarlos adecuadamente.
Es así que las compañías de fitosanitarios deben determinar procedimientos específicos que aseguren la devolución de envases vacíos por parte de productores y aplicadores en los Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT). Entre los mismos pueden incluirse "incentivos económicos" o "condicionar la venta de fitosanitarios a aquellos usuarios que no realizaran su devolución".
“Sin duda, esta norma deberá ser complementada con la adopción de sistemas que logren una trazabilidad individual de los bidones, desde que se fabrican hasta que se destruyen o recuperan. Actualmente, se cuenta con información más amplia o general, acerca de la cantidad de kilos recuperados, pero eso no alcanza. Se requieren datos precisos sobre el destino final que se le da a esos envases”, dice una fuente del sector que prefiere reservar su nombre.
Tratamiento inadecuado
“El 90% de los envases de fitosanitarios no se trata cómo lo que son: residuos peligrosos. La gran mayoría terminan en basurales a cielo abierto, se queman contaminado el aire o se reciclan generando otros objetos de plástico como cucharitas de té”, denuncia Cesar Mackler, director del Departamento de Ingeniería Química y del GESE Rosario (Grupo de Estudios sobre Energía y Ambiente).
“¿Se puede asegurar que en todo hogar argentino no existen elementos de plástico proveniente del reciclado de envases de fitosanitarios que deberían haber sido tratados como un residuo peligroso. No se puede garantizar porque no existe un sistema con trazabilidad de los envases”, dice el experto.
En la misma línea, Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catires), observa: “Se declaran menos de los que se generan, pero además se tratan menos de los que se declaran. No hay un tratamiento adecuado porque es más caro para el generador, en este caso las empresas productoras, y porque el Estado no sanciona estas acciones”.
Y cuestiona: “Al no haber un control en la trazabilidad de este tipo de residuos, el plástico recuperado de los envases de agroquímicos entra al circuito del reciclado y se usa para hacer, por ejemplo, cubiertos descartables o juguetes, con el peligro para la salud que esto reviste”.
Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales de Campo Limpio, puntualiza: “Si bien la Ley 27.279 impone un régimen de gestión diferenciada para la protección ambiental, aún hay un largo camino por recorrer, el cual implica asumir la responsabilidad compartida de todos los actores de la cadena (productores, organizaciones del campo, municipios, gobernaciones, empresas, aplicadores, entre otros) para cambiar los hábitos de las personas en el cuidado del medio ambiente, incorporar nuevos comportamientos y recuperar entre todos los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino”.
La cadena de responsabilidades
Para Miguel Taboada, ingeniero agrónomo y director del Instituto de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el problema también es la falta de educación y conciencia ambiental en los usuarios. “Mucha gente está convencida de que si los quema o los entierra en el suelo “no pasa nada”, detalla.
Y evalúa: “El 60% de los campos se maneja bajo arriendo. Si el propietario no se ocupa de dar instrucciones claras de qué hacer con los envases -cómo disponerlos en sitios de almacenamiento, previo lavado y perforación-, el contratista no suele ocuparse del tema. El propietario debe asignar un lugar para almacenar envases temporariamente hasta que sean recolectados”.
“A veces, se mira mucho a la agricultura extensiva o sojera, pero también hay que prestarle especial atención a todo lo que sucede en los cinturones verdes de las grandes urbes, con las quintas. Muchas de estas personas suelen tener bajo nivel de educación, ser poco receptivas a las recomendaciones técnicas de las instituciones públicas como el INTA. Por eso, aconsejo lavar las verduras compradas, por precaución”, reflexiona.
Los riesgos
El incremento del uso de fitosanitarios en las últimas tres décadas ha sido significativo. La falta de gestión adecuada de estos envases implica una serie de problemas tanto en el ambiente como en la salud pública.
Entre los riesgos potenciales, Taboada enumera la contaminación de suelos y aguas con restos de agroquímicos -algunos con potencial impacto carcinogénico-, degradación de los plásticos a largo plazo y contaminación atmosférica de micropartículas de plásticos que podrían ser ingeridas por la fauna.
“Los plaguicidas habilitados para su venta en el país están aprobados por (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) Senasa en base a su bajo nivel de riesgo ambiental y para la salud. Sin embargo, algunos pueden tener impactos residuales riesgosos si se aplican de forma incorrecta y excesiva”, específica.
En este marco, Taboada explica que una vez usados, los envases quedan con residuos de agroquímicos de potencial efecto contaminante y tóxico para la salud de plantas, animales y seres humanos. “Por ello, deben ser sometidos a un triple lavado y perforado en la base antes de su eventual reutilización como materia prima industrial no alimentaria”, señala.
El trabajo de Campo Limpio
Desde hace tres años, Campo Limpio incentiva la organización incentiva la creación de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en las provincias. Se trata de lugares construidos y habilitados para recibir los envases vacíos y limpios que devuelven productores y aplicadores de agroquímicos. Instaló 54 CATs en diez provincias argentinas y en otras seis (que adhirieron a la ley recientemente) hace campañas de retiro de envases.
Las mayores provincias productoras de agroquímicos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe todavía no tienen organizado el sistema de CAT en su totalidad.
¿Por qué deben ser tratados de forma correcta?
Dos términos claves: “evitar” y “favorecer” nuclean la importancia de esta cuestión. Taboada le explica a Clarín que un tratamiento adecuado permite evitar: que estos envases sean reutilizados para almacenar bebidas o alimentos; riesgos de contaminación de aguas y suelos, la posible transferencia de tóxicos a la cadena alimentaria animal y humana y la degradación de plásticos a largo plazo.
Asimismo, señala que favorece su reutilización (ya lavado y perforado) como materia prima industrial en usos no riesgosos (coberturas de cables, por ejemplo) y los procesos de economía circular que tiendan a disminuir las huellas ambientales (carbono, hídrica y pérdida de biodiversidad).
“Se requiere un mayor control por parte del Estado que fiscalice el cumplimiento de las leyes 27.279 de Gestión de envases de fitosanitarios y de la Ley de residuos peligrosos 24.051. No alcanza con promover o incentivar. Definitivamente, hay que pasar a acciones concretas. Las empresas productoras tienen que tratar la totalidad de los envases de agroquímicos que generan con empresas habilitadas para tal fin”, analiza Kalinec.
Y remarca: “También debe hacerse un correcto censo de los envases usados que se generan y un inventario de los que hay hoy desparramados por los campos. Lo que sucedió en La Pampa, donde el gobierno provincial suspendió en enero de 2020 la venta de agroquímicos hasta que se organizara el correcto tratamiento de los envases plásticos, es un claro ejemplo de que las cosas pueden funcionar bien cuando el Estado ejerce su poder de control”.
Para Mackler debería crearse un sistema que asegure la trazabilidad del envase. ”Habría que modificar la Ley 27.279 para que, una vez promulgada, indique taxativamente que si en el plazo de dos años no se instala un sistema que garantice la trazabilidad en la gestión del envase de fitosanitario, se prohíba la venta de los mismos hasta que el sistema funcione”.
Fuente: Clarín
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