Con el apoyo de casi toda la cadena de ganados y carne, sectores de la industria frigorífica pedirán al Gobierno que suspenda la implementación del troceo para la comercialización minorista de la carne vacuna y solicitarán su revisión. En este contexto, dijeron que, “de llevarse adelante la medida, cesarían sus actividades más de 300 establecimientos, con las consiguientes secuelas socioeconómicas y la afectación de las fuentes de trabajo”.
En una carta dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa; a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reclamarán que se les “permita descargar medias reses con medios mecánicos” a la vez que se “convoque a los sectores afectados para encontrar soluciones viables y sustentables en el tiempo, sobre bases técnicas sólidas, y así avanzar en forma efectiva en la modernización del consumo, integrando a todos los actores de la cadena de valor, y muy especialmente a los trabajadores, su salud, y sus fuentes de trabajo”.
En rigor, el 1º de noviembre próximo está previsto que se ponga en marcha dicha forma de trasladar el producto, dando fin a la media res. Bajo este escenario, el sector alertó que no están dadas las condiciones para hacerlo. Por este motivo y, convocados por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), los distintos eslabones de la cadena se reunieron en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) donde llegaron a un “consenso unánime” de que la medida resulta “totalmente inviable”.
Entre las razones que plantearon es que dicha normativa no está para comenzar porque “la mayor parte de las plantas faenadoras no cuentan con instalaciones adecuadas para realizar el corte de las medias reses”.
En esa línea, explicaron que “los plazos establecidos para su adecuación no han podido cumplirse debido al alto costo y la complejidad de las obras a realizar y por razones ajenas a la industria, tales como la financiación de las obras comprometida por el Gobierno que no se ha hecho efectiva”.
Otra de las cuestiones que expusieron es que “la medida propuesta no ofrece ventajas sanitarias por tratarse de cuartos, sin ningún tipo de protección o envase y que tampoco genera economías ni mejoras ambientales por mejor aprovechamiento de subproductos ya que los huesos y grasa seguirán siendo trasladados a las carnicerías y desde allí a las graserías del mismo modo en que se lo hace actualmente con las medias reses”.
“No responde al concepto de abastecer con cortes según demanda ya que los cuartos que integran dada media se comercializarán en conjunto por falta de capacidad de la industria para organizar su trazabilidad y logística de acopio y distribución”, expresaron.
Un tema no menor, dijeron, es que “se encarecerá el producto final ya que los mayores costos por baja de capacidad productiva y faena de los establecimientos, mayor mano de obra, mermas del cuarteo, déficit de cubicaje en cámaras de frío y transporte, y amortización de inversiones, no tienen recupero económico en la etapa industrial”.
“Esta situación provocará concentración de la actividad en determinadas plantas afectando el libre juego de la oferta y demanda, encareciendo los servicios de faena, con impacto negativo en las dos puntas de la cadena, afectando a los productores por baja en el precio de la hacienda al mismo tiempo que se encarecerá el precio final de la carne en mostrador. Por el contrario, de no cerrarse esas plantas, se comercializarán medias reses que competirán deslealmente con aquellos que se vean obligados a comercializar cuartos, profundizando el doble estándar económico y sanitario”, advirtieron.
Aunque comparten que los trabajadores no deben cargar sobre sus espaldas las medias reses, no son de la idea de “que carguen del mismo modo inhumano y antihigiénico los cuartos de hasta 32 kilos, tal como lo propone la medida aludida, habiendo medios mecánicos sencillos y económicos de carga y descarga que podrían utilizarse para esta tarea”.
“Si los medios mecánicos son aptos para descargar cuartos también lo son para descargar medias reses, evitando el sacrificado esfuerzo de los trabajadores”, aseguraron.
Para Leonardo Rafael, titular de CAMyA, debe suspenderse la medida hasta que la industria se adapte a medios mecánicos. “El que quiera hacer su comercialización con troceo que lo haga pero nosotros necesitamos seguir haciendo la misma comercialización que veníamos haciendo con medias reses con una herramienta de uso a través de medios mecánicos. Lo queremos hacer por la salud de nuestros trabajadores pero nos llevará un tiempo adaptar esta nueva logística. Dependemos de que el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroindustrial) y el Senasa lo habilite”, indicó.
“No se trabajó con un consenso con todas las cámaras, solo se escuchó la voz de solo una de ellas, en detrimento del resto y de todo el consumo interno. No hubo mesas de diálogo y, de ponerse en marcha, va afectar la actividad y conllevará a un aumento en el precio del producto en las carnicerías, sumado a los temas sanitarios. El Gobierno dijo que va a perseguir a los camiones que transporten media reses; yo me preguntó por qué no persiguieron a los carniceros para blanquear la actividad, donde hay un 80% de marginalidad, cosa que venimos pidiendo hace cinco años. Ahora nos amenazan que los camiones van a ser retirados de los comercios, me cuesta creerlo”, aseguró.
Entre los presentes estaba el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti. “Es una resolución impracticable, está mal, es forzada. Si esto se llega a implementar, terminará afectando a las dos puntas de la cadena: al productor y al consumidor. No le dieron la importancia que tiene el tema. Para cumplir esta norma, hay categorías de novillo que quedarían fuera y que no tendrían precio porque no se podrían comercializar e irían solo para supermercados o ciclo 2, que es lo único que se puede transportar a media res. Esto te llevaría a producir menos carne”, explicó.
Para Schiariti, la normativa no soluciona ninguno de los problemas que se supone tiene que solucionar, “excepto el que un trabajador no acarree una media red de 100 kilos”.
“Esto queda a mitad de camino, porque uno de los elementos que se esgrime en la resolución es el problema sanitario y realmente no se resuelve porque se pierde o corre el riesgo serio de perder trazabilidad de cada uno de esos trozos que se traslada. La propuesta básica de todo el sector es que se permitan la descarga por medios mecánicos para que se cumpla la normativa de que ningún trabajador acarree pesos excesivos. Hay distintas maneras de poder hacerlo: puede ser una camilla, un camastro, un carrito”, subrayó.
“Si quieren hacer esto en serio, deben hacer una ley en la cual se obligue a la industria frigorífica a salir con cortes anatómicos, no necesariamente envasados al vacío, para lo cual primero hay que sacar una ley, después hay que dar tiempo suficiente para que toda la industria pueda adecuarse a esto, donde haya líneas de crédito acordes que nunca estuvieron. Entonces, falta tiempo, financiamiento y poder importar los insumos para hacer las modificaciones en las plantas: la industria para hacer esto necesita por lo menos un 30% más de capacidad de cámara”, añadió.
Por su parte, Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) señaló: “Se entiende que hay cuestiones que en la comercialización de carne deben verse modificadas, que hay que dar un paso pero las formas y el avance debe darse en un ámbito donde todos los eslabones de la cadena converjan junto al Estado, pensando en un futuro de la comercialización pero con situaciones posibles y logrables”.
Además de CAMyA, Ciccra, CAF, estuvieron presentes en el encuentro representantes de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa), de la Cámara de Consignatarios de Hacienda, del Mercado Agroganadero, del Centro de Consignatarios de Productos del País y decenas de matarifes, dueños de frigorífcos y carniceros de todo el país.
Fuente: La Nación
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