República Cromañón era el nombre de un boliche ubicado en Bartolomé Mitre al 3060 donde un 30 de diciembre de 2004 se presentó el grupo Callejeros. La capacidad del local estaba en 3500 personas, bien por delante del máximo de 1031 habilitado por el gobierno porteño, que había concedido la licencia en base a planos que no coincidían con la arquitectura del lugar: el croquis marcaba una puerta donde había una pared, no funcionaban los matafuegos ni la manguera de incendios, y tampoco había plano de evacuación.
La tragedia empezó cuando una bengala encendida desde el público encendió una media sombra que, al quemar el revestimiento del techo despidió un humo negro cargado de monóxido de carbono y el ácido cianhídrico. En pocos minutos, la gente comenzó a asfixiarse y varios murieron por esos gases letales. Otras personas perdieron la vida al intentar escapar del boliche, agolpados en la única salida disponible del local o confundidos por el mapa engañoso del mismo. Por último, también se conocieron historias de otros que murieron más tarde al intentar rescatar a otros que habían quedado adentro.
Ese día murieron 194 personas en lo que se convirtió en la mayor tragedia no natural de la historia argentina. El juicio posterior determinó que quince acusados fueran condenados a diversas penas: El dueño del predio Omar Chabán fue condenado a diez años y nueve meses, y también recibieron penas los miembros de Callejeros: siete años para el cantante Patricio Santos Fontanet, seis para el baterista Eduardo Arturo Vázquez, y cinco años para los restantes músicos de la banda. El escenógrafo del grupo, Horacio Cardell fue sentenciado a seis años de prisión, mientras que el colaborador de Chabán Raúl Villarreal recibió una pena de seis años, todos ellos por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho.
Las condenas también alcanzaron a funcionarios policiales y políticos del gobierno porteño: el subcomisario Carlos Díaz recibió ocho años de prisión e inhabilitación especial por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho, mientras que la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y el ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Torres recibieron cuatro años. Por último, la ex directora general adjunta de la misma dirección, Ana María Fernández tres años y seis meses de prisión por el delito de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte.
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