El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar a un amparo ambiental contra la empresa “Atanor” que es la tercera productora de herbicidas más importantes del mundo.
El 6 de marzo de 2023 la Jueza Luciana Díaz Bancalari, titular interina del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás dictó sentencia definitiva en el amparo ambiental que por contaminación del Río Paraná inició en el año 2015 el Foro Medio Ambiental -FOMEA- contra la planta industrial de “Atanor” ubicada en San Nicolás.
En esa acción judicial se denunció la masiva contaminación del ambiente con agroquímicos y la grave afectación en la salud de los vecinos de la localidad.
La causa determinó que: “…se ha probado el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor al tiempo de la interposición de la presente acción…”. Tuvo especialmente en cuenta la declaración testimonial de la genetista Delia Aiassa quien afirmó: “... En nuestra experiencia lo que hemos probado en animales y células humanas expuestas a glifosato, cipermetrina y trifluralina y hemos encontrado que esos químicos causan un daño en el material genético que se transforman en mediano o largo plazo en problemas adversos en la salud.”
La sentencia judicial textualmente expresa: “… el perito ingeniero Andrés Porta dictaminó en su pericia que los hallazgos efectuados en el marco del expediente federal acreditan que diversos sectores de la planta industrial presentan elevados índices de contaminación en suelo.”
Además, sostiene la jueza que se pudo probar judicialmente que la empresa Atanor vuelca sus efluentes líquidos al Río Paraná, sin la debida autorización por parte de la Autoridad del Agua conforme surge de las actas de inspección. Señaló también que de la pericia efectuada por el CONICET surge como conclusión de los expertos que: “… Atanor SCA vuelca desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del Río Paraná y afectan la biota acuática, todo ello considerando los Niveles Guías de Calidad de Agua de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina (2003).”
La jueza Luciana Díaz Bancalari sostuvo que “no puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”, por ese motivo la magistrada condenó a la industria demandada a la inmediata puesta en funcionamiento de un mejoramiento del sistema de tratamiento de efluentes líquidos en el término de 20 días, también los obliga a realizar una evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativos, un estudio de perturbación del suelo con intervención del CONICET y convocó a la Universidad Nacional de Entre Ríos a realizar un monitoreo de la calidad de aire en la población circundante, incluyendo domicilios particulares.
Por último, el fallo judicial contiene una severa crítica al obrar del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y a la Autoridad del Agua por la falta de controles adecuados, por las demoras en su obrar y la falta de actuación adecuada para controlar la actividad industrial.
Díaz Bancalari afirmó que, en relación a la normativa que regula los agroquímicos y su control como presencia peligrosa en el agua: “…la normativa vigente se muestra limitada o anacrónica frente al derecho constitucional a la salud y al medio ambiente sano…”.
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