En la audiencia que se llevó adelante entre todas las partes, el Ministerio de Trabajo de la Nación y las cámaras empresarias del sector no llegaron a un acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que las autoridades nacionales extendieron por otros diez días hábiles la conciliación obligatoria para evitar el paro de colectivos que estaba previsto para este martes.
La medida de fuerza había sido anunciada la semana pasada por el gremio, en el marco del conflicto que se inició por un reclamo salarial.
El sindicato advirtió que iba a avanzar con un cese de actividades de 24 horas si no obtenían una respuesta favorable a sus pedidos, pero finalmente va a acatar la conciliación.
Originalmente, la conciliación obligatoria se dictó semanas atrás, luego de la finalización de la primera audiencia entre las partes, cuando la UTA anunció una primera medida de fuerza en caso de no encontrar solución a los conflictos salariales planteados.
Antes de la conciliación obligatoria, el secretario general del gremio, Roberto Fernández, había explicado que la misma se debía a que no recibieron respuesta por parte de las autoridades nacionales ni de las compañías de transporte a su reclamo de un aumento salarial.
Puntualmente, la UTA exige cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.
Desde el Ministerio de Trabajo adelantaron que las partes volverán a reunirse el próximo 6 de junio para tratar de destrabar el conflicto.
En tanto, la Federación Argentina de Transportadores de Pasajeros (Fatap) volvió a insistir con la readecuación del Fondo Compensador por parte del Ministerio de Transporte de la Nación.
“A pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas” denunciaron.
En especial, apuntaron a que “los convenios suscriptos entre provincia y nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sustentabilidad del sistema” y “porque el Estado Nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior (incumpliendo normas preexistentes) ignorando el grave proceso inflacionario vigente, omitiendo los ajustes necesarios y distribuyendo los fondos tardía y arbitrariamente (en algunas jurisdicciones no se han cancelado aún períodos del año 2022), sin criterios objetivos verificables” denunciaron.