Luego de que Felipe Sanzio, el hijo del intendente de Baradero, Esteban “Tito” Sanzio, fuera acusado de ser uno de los presuntos partícipes en el crimen del empresario porcino, Gustavo Desimone (50), la Justicia resolvió otorgarle la libertad condicional a él y otros tres señalados al dictarse la falta de mérito. No obstante, los cuatro acusados seguirán vinculados a la investigación.
La resolución fue firmada por la jueza de garantías María Eugenia Maiztegui después de que rechazara el pedido de prisión preventiva enviado por la fiscal María del Valle Viviani en contra de los cuatro imputados. De esta manera, los sospechosos continuarán vinculados a la causa, mientras se espera los resultados de varias pruebas como la de ADN, el peritaje realizado al arma de la víctima y el análisis sobre la data de muerte.
Entre las muestras que se tomaron a lo largo de la investigación se encontraron una huella dactilar en uno de los televisores del empresario, la cual está pendiente de ser cotejada con el objetivo de hallar un patrón genético compatible con alguno de los cuatro imputados. Asimismo, establecieron que el arma homicida se trató de un calibre .12 que apuntaría que se habría tratado de una escopeta que continuaría desaparecida.
El crimen de Desimone ocurrió el pasado 31 de agosto en medio de un asalto que sufrió dentro de su vivienda ubicada en el barrio Colonia Suiza, a tan solo unos metros de la ruta provincial 41, en la localidad bonaerense de Baradero. En ese hecho, la víctima fue maniatada, golpeada y posteriormente asesinada de un tiro en la espalda que se presume que habría tenido el objetivo de evitar que pudiera denunciar el robo e identificar a los acusados.
El hijo del intendente de Baradero había sido detenido en Zárate en noviembre luego de que fuera imputado en calidad de coautor de los delitos de “robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda” y “homicidio criminis causa” por la fiscal en una audiencia indagatoria. En contraposición, Sanzio se había declarado inocente de los cargos, ya que aseguró que se encontraba en su lugar de trabajo al momento que se consumó el crimen. En medio del proceso de instrucción, los detectives secuestraron pesos, dólares, reales y euros que se sumaron a unos cartuchos de escopeta, vainas servidas de calibres 9 y 32 milímetros y vestimentas parcialmente incineradas.
El resto de los acusados fueron identificados como Constantino Fernández, Matías Brey y Ramiro Rey Bacareza. En el caso de Fernández, éste había sido señalado como “partícipe necesario”, en cuanto al robo que sufrió la víctima, debido a que habría sido el responsable de entregar los datos necesarios para que los ladrones pudieran ingresar a la quinta que era propiedad del empresario.
La acusación contra Fernández se sustentó en las declaraciones de un testigo que aseguró que el acusado había sido la persona que informó que el productor porcino contaba con dinero guardado en ese domicilio. Aparentemente para evitar confusiones, el hombre habría mostrado una serie de fotos que habría sacado con su celular del frente de la casa y de la víctima e, incluso, habría confirmado que el hombre vivía solo y les habría indicado la forma apropiada para entrar. Además, el declarante afirmó que los delincuentes habían abandonado el lugar con la suma de dólares que le robaron a la víctima.
En el caso de Brey, la fiscal lo acusó de ser otro de los coautores del robo y homicidio después de que éste se negara a declarar en la audiencia. En paralelo, Rey Bacareza, que se encontraba detenido en el penal de Campana por un robo cometido el pasado 6 de septiembre, también optó por evitar responder a las preguntas de la investigadora.
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