El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su habitual conferencia de prensa diaria que el Gobierno revisará el registro de usuarios de cannabis medicinal, activo desde 2021 bajo la órbita del Ministerio de Salud, por supuestas irregularidades en la aprobación de solicitudes.
“Se comenzaron a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como Reprocann, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”, fue todo lo que dijo el funcionario, mientras describía una serie de supuestas irregularidades de la gestión anterior detectadas en el Ministerio de Salud.
Horas más tarde, en un comunicado oficial, el Gobierno agregó a lo ya dicho que se trata de “solicitudes de inscripción de manera muy laxa”, que “desvirtúan el espíritu” de la ley de cannabis medicinal.
El destino del Reprocann, que a cifras del año pasado tenía cerca de 170.000 usuarios autorizados para cultivar cannabis con fines terapéuticos, era una incógnita desde el 9 de diciembre, último día de la gestión de Carla Vizzotti al frente de la cartera sanitaria nacional.
Es la primera vez que el gobierno de Javier Milei menciona al registro en lo que va de su administración y es el segundo gesto de acción en pocos días.
El viernes pasado, el secretario de Calidad en Salud nacional, Leonardo Oscar Busso, mantuvo una primera reunión con el Consejo Consultivo del Reprocann, conformado por organizaciones cannábicas sin fines de lucro inscriptas en el registro.
Busso, pediatra, les aseguró a las ONG’s que el Reprocann va a continuar pero advirtió que están pensando en mejorar los controles y la fluidez de los trámites, que en algunos momentos de la gestión pasada llegó a demorar hasta tres o cuatro meses. Consideró importante no sólo que se mejore el registro a nivel tecnológico sino que, explicó, desde Salud piensan que hay que limitar la inscripción a determinadas patologías, particularmente sobre las que existe evidencia científica de los beneficios del uso del cannabis.
Los representantes de las organizaciones escucharon lo que no querían escuchar y tuvieron que retomar los conceptos básicos que el activismo cannábico repitió insistentemente durante los debates en el Congreso de la Nación mientras se trató la ley de cannabis medicinal, entre 2015 y 2017, que es que hay evidencias empíricas y testimoniales con seguimiento médico sobre las mejoras en la calidad de vida de los pacientes gracias al cannabis.
Por caso, si bien no hay “evidencia científica” del efecto positivo del cannabis en pacientes oncológicos, o en personas con artrosis, reuma, Parkinson, y hasta incluso con enfermedades de salud mental como estrés, angustia o bruxismo, sobran las historias, testimonios e investigaciones en desarrollo sobre lo bien que les ha resultado la planta de marihuana en sus tratamientos.
Según fuentes que participaron de la reunión, el funcionario se mostró receptivo de estas consideraciones y más de un integrante de las ONG interpretó que existen chances de que el gobierno revise si tiene sentido limitar los permisos a patologías con evidencia científica, que, además, son muy pocas.
Infobae se comunicó con los voceros del Ministerio de Salud pero no recibió respuesta sobre el tema.
Originalmente, la ley 27.350, aprobada en 2017 durante el gobierno de Macri, nació como letra muerta. Una de las razones fue que su reglamentación restringía el uso y cultivo de cannabis a investigación científica y desarrollo y permitía que apenas los niños con epilepsia refractaria recibieran tratamientos con la planta sólo a fines investigativos.
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