Desde que las víctimas del exconcejal y sindicalista Fernando Espíndola, acusado por abuso sexual, rompieron el silencio para denunciar las vejaciones y abusos que sufrieron cuando eran menores de edad, los tiempos, el escepticismo y la resignación solían ganar el escenario.
Cuando el acusado estuvo en prisión en el marco del delito perpetrado por representantes del gremio Camioneros se abrió la esperanza de ganarle a la impunidad. Tras décadas de silencio se conocieron las denuncias y la Justicia comenzó a tramitar la causa.
“Después de tantos años de silencio y de oprimir el pecho de la angustia y de todos los abusos, ¡el día llega para que podamos manifestar toda la verdad a los daños causados! Cuánta infelicidad hemos recibido por parte de toda la familia que no supieron cuidarnos y amarnos. Eso no debe suceder con ningún infante en el mundo”, dijo Cintia con expreso pedido de que su voz se escuche públicamente.
En abril de 2024, por primera vez, la Justicia nicoleña la aceptó como particular damnificada. Ella es una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista oriundo de San Pedro, que fue acusado por abuso sexual.
Su testimonio no era el único, en ese hogar se vivió un verdadero infierno y hasta hoy penan la ausencia de un hermano que se quitó la vida.
Fernando Espíndola fue acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo.
Habían pasado 30 años y ya no podían condenarlo pero sí acceder a un Juicio por la Verdad, que la Cámara de Apelaciones recomendó.
Los niños tenían entre 6 y 10 años cuando fueron ultrajados y, según el expediente y las declaraciones, reiteró sus abusos cuando ya habían llegado a la mayoría de edad.
Hay que recordar que Espíndola cumple arresto domiciliario por la causa que investiga su responsabilidad en el bloqueo a la planta de Rey Distribución en la que también se investigó el pago de coimas que él mismo recibía tras extorsionar a la empresa.
“Mi nombre presente es mi lucha y yo no tengo que avergonzarme de nada”, dijo Cintia el martes 14 cuando tuvo en sus manos el expediente que tramitó su abogado, Agustín Tanús.
Este Juicio por la Verdad que, con fecha 13 de mayo, dispuso elevar el Juzgado de Garantías N°3 a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui, no tendrá como consecuencia la fijación de una pena de privación de la libertad.
Pero su desarrollo otorga el derecho a las víctimas para que se conozcan los hechos, a ser resarcidos pública y moralmente.
Fuente: laopinionsemanario.com.ar
Qué son los Juicios por la Verdad
Los Juicios por la Verdad se desarrollaron en Argentina ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura (1976-1983), frente a la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y a los indultos a los integrantes de las Juntas militares.
Estos juicios orales son producto de la lucha de los organismos de derechos humanos que buscaron estrategias alternativas para hacer frente a la impunidad mediante la búsqueda judicial de la verdad.
A partir de dichos antecedentes surge la idea de realizar procesos semejantes para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes cometidos previos al año 2011 y que fueron denunciados luego de haber transcurrido 15 años.
Los Juicios por la Verdad suponen, en principio una sola y gran distinción respecto de un juicio ordinario: en caso de que el imputado resulte culpable no tendrá una pena entendida en los términos del Código Penal.
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