El Ministerio de Capital Humano presentó ante la Justicia nueva documentación sobre “comedores fantasma”, que recibieron por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social, alimentos y millonarios subsidios para asistir a personas vulnerables, pero al auditarlos se corroboró que no existen.
En total fueron $503.119.219 distribuidos en solo seis cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones vinculadas a movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteras.
Los fondos, según se asegura en el escrito presentado en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Ramiro González, no fueron rendidos, sino que fueron “reteniendo para sí o para terceros los fondos públicos, alterando el fin para el cual la administración los destinó”.
En la denuncia a la que accedió este medio, la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano, le explicaron al juez y al fiscal que las pruebas que aportan “hacen referencia a las constancias de alimentos y subsidios que eran entregados por el entonces Ministerio de Desarrollo Social a diferentes organizaciones sociales que había preinscrito comedores en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) y que conforme las auditorías llevadas por el Ministerio de Capital Humano en el transcurso de este año se pudo verificar la inexistencia de los mismos”.
Gianni y Romano informaron también que “se pudieron identificar a los responsables de los delitos denunciados” y que esos datos se desprenden “de la firma del convenio”, ya que “cada organización declaraba la cantidad de comedores que tenía a su cargo”.
Además, “se obligaba a registrar cada comedor/merendero ante el RENACOM e informar fehacientemente todo cambio en los datos de registro”, como por ejemplo: cambios en la dirección, nombre o teléfono. Los dirigentes sociales también estaban obligados a “destinar el dinero a alimentos, rescindir cuenta y mantener la trazabilidad de la entrega de los alimentos”, un hecho que apenas sucedió en menos del 10% de los comedores y merenderos comunitarios.
La cartera a cargo de Sandra Pettovello acompañó la presentación judicial con planillas Exel de las organizaciones que recibieron dinero en función de comedores que declararon, pero que al momento de realizar el monitoreo: “Los comedores y merenderos no existían. Ello, sin que haya habido por parte de la organización notificación alguna al respecto, o hayan solicitado la reasignación de los fondos o hayan devuelto lo excesivamente recibido”.
En el escrito, los abogados de Capital Humano acusaron a las organizaciones sociales y piqueteras de acordar “recibir dinero para comedores que no existían, reteniendo para sí o para terceros los fondos públicos alterando el fin para el cual la administración los destinó”, es decir para los sectores más vulnerables de la población.
A modo ilustrativo, Gianni y Romano destacaron algunas de las irregularidades detectadas en las auditorías que aún se siguen desarrollando.
-La Cooperativa de Trabajo el Fortín de Encarnación Limitada que recibió el 27 de noviembre de 2023 “más de 100 millones de pesos para abastecer a 121 a comedores/merenderos los cuales a la fecha no rindió”. El nombre de los comedores son Rayito de Sol, Principito III, Alimentar Fe, Ojitos de Cielo, Los Chiquis, RAYO 1 que “no existían”.
Según los datos que manejan en la Casa Rosada, la Cooperativa de Trabajo el Fortín de Encarnación Limitada depende de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la organización piquetera que lidera el ex diputado Juan Carlos Alderete y que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
-La Asociación Civil Centro de Estudios y Trabajo para la Igualdad Social (CEYTIS) recibió $257.119.219 “para abastecer a los 116 comedores/merenderos los cuales a la fecha no rindió”.
Del expediente presentado ante la Fiscalía de Ramiro González surge que “los comedores Los Nogales, El Horno, Solano y Olla de Lomas no funcionaban como comedores/merenderos”.
La CETYS es una organización a la que en principio no se le puede adjudicar una vinculación directa con un movimiento social en particular, sin embargo, recibió fondos por $687.500.000 en 30 meses ya que entre sus funciones realizaba tareas vinculadas con el programa Potenciar Trabajo, como capacitaciones a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que eran derivados por organizaciones sociales agrupadas en la UTEP.
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