Comunicado de la justicia por causa Atanor:
Atento al interés general de la comunidad en la “causa Atanor”, y en virtud de las previsiones del art. 5 del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información de la población en materia ambiental se hace saber a la comunidad:
En fecha (viernes) 23 de agosto de 2024 se realizó una audiencia en sede de la Cámara Departamental, convocada por la magistrada a cargo de este organismo, frente a representantes del CONICET, con la presencia de los abogados de las partes (demandada, ATANOR y actora, ONG FOMEA), junto a personal profesional de la empresa, expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria, subsecretario del Ministerio de Ambiente Provincial, vocal de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), y subsecretario de contralor Municipal de San Nicolás.
En ese marco se recordó a los presentes que, desde el dictado de la sentencia de fecha 6 de marzo de 2023, ATANOR estaba obligada a realizar un convenio con el Conicet para practicar, entre otras medidas, una evaluación de riesgo ambiental.
En torno a ello la empresa fue intimada en reiteradas ocasiones y sancionada con multa en fecha 1 de agosto de 2023 (confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 19 de octubre de 2023), por el incumplimiento de dicha obligación.
Finalmente el convenio fue firmado en fecha 12 de julio del 2024.
De la reunión surgió que el contenido del convenio no estaba ajustado a los eventos ocurridos este año, en tanto el CONICET no tenía al momento de la firma información formal -que debía ser suministrada por su contraparte- sobre las causas de la explosión sucedida el 20 de marzo de 2024.
Tampoco tenía conocimiento de los resultados de análisis de muestras tomadas por la ADA en los pozos de extracción de agua de la empresa que alertan sobre la existencia de contaminantes; ni habían analizado el nuevo Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado por la empresa para funcionar.
Como conclusión, la empresa se comprometió frente al Juzgado a brindar la información necesaria para adecuar ese convenio a la realidad de ATANOR y especialmente, a reducir los tiempos para obtener los resultados de tan importante evaluación.
El juzgado hace saber que de acuerdo a lo que surgió de la reunión, en una evaluación de riesgo se analizan entre otras variables, la eficacia de los sistemas de alarma ante una emergencia, la que -según hipótesis de la empresa- fue el 20 de marzo visible para un solo operario que no la supo interpretar.
De ahí la importancia de su cumplimiento oportuno y la necesidad de acortar plazos para que tan importante estudio se realice en el menor tiempo posible.
Seguidamente se llevó a cabo una MESA DE TRABAJO ordenada por este Juzgado -sin la presencia de la Jueza a cargo del presente amparo- con presencia de abogados y personal de planta ATANOR, sub secretario de la Municipalidad de San Nicolás, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua y los integrantes de la Mesa de Gestión Ambiental de las Universidades Públicas.
Es importante hacer saber que esta forma de trabajo permite acortar sensiblemente los plazos para una posible apertura de la empresa en la medida que se evidencia que a la fecha ATANOR no cuenta con los permisos de habilitación pertinentes expedidos por el Ministerio de Ambiente por falta de presentación de documentación.
Al finalizar la mesa de trabajo se informó a la Magistrada que permitió delinear entre la empresa y los organismos de contralor públicos (Medio Ambiente, ADA y Municipio) un cronograma de compromisos y acciones tendientes a dar cumplimiento con los permisos administrativos necesarios que, de acuerdo a la normativa vigente, deben contar para evaluar una posible reapertura. Del cronograma se dejó constancia en acta.
Este sábado se llevó a cabo la Megafiesta Ternium