“Cabaleyro no puede volver al mismo lugar donde se cometieron los delitos”

Las fiscales Dra. Valle Viviani y Dra. Verónica Marcantonio estuvieron en la mañana del lunes en los estudios de RadioNet para referirse a la situación del sindicalista Maximiliano Cabaleyro.

“El Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a las constancias que él (Cabaleyro) presentó para pedir su salida laboral como secretario general, evaluó las constancias y su situación actual. Cuando yo contesto me opuse a que regresara a su trabajo de sindicalista. No estoy negando el derecho al trabajo. Nunca vamos a avasallar los derechos del trabajador. Consideré que volver a un puesto laboral donde él detentó ámbito de poder que tenía al ser secretario general del Sindicato de Camioneros de San Nicolás ahí cometió los delitos por lo cual hoy hay una causa abierta”.

“(A Cabaleyro) se le imputaron dos hechos de turbación de la posesión ilegal de la empresa, dos hechos de extorsión y otro hecho de extorsión en grado de tentativa. La pena es de 5 a 25 años de efectivo cumplimiento. Por eso se pidió la detención en su momento. Ahí empezó esta prisión preventiva. Yo considero que el Ministerio Público Fiscal ha cumplido los plazos procesales correspondientes. El 23 de marzo de 2023 elevé la causa a juicio. Yo cumplí los plazos procesales”.

“La defensa no quiere que las doctoras Belén Ocáriz y Laura Fernández intervengan. Esto lleva a una dilación en el proceso”.

“Todo lo que pasó después fueron por recursos presentados por la defensa de Cabaleyro”.

“Es una prisión preventiva morigerada por el arresto domiciliario. Se está cumpliendo la prisión preventiva controlada por monitoreo electrónico. Hasta hoy se ha cumplido. Nunca ha habido una información que se incumpliera esa situación. Mi negativa a la salida laboral es la de volver al mismo lugar donde se cometieron los delitos. No hay intención del Ministerio Público Fiscal de extender los plazos legales”.

“Los hechos que yo imputé en la elevación a juicio son que (Cabaleyro y Espíndola) amedrentaron, solicitaron dinero, obligaron a suscribir un documento. También están acusados de bloquear una empresa durante varios días. Bloquear una empresa es delito. La turbación de una posesión, en este caso una empresa, es un delito. Independientemente del derecho a la protesta. La causa será elevada a juicio. Tendremos la fecha en el momento oportuno”.

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