La policía en función judicial o División Departamental de Investigaciones (DDI) San Nicolás tiene prohibido alojar personas por orden de la Justicia tras un habeas corpus presentado para revisar las malas condiciones en las que son alojados los detenidos en la sede central nicoleña.
La decisión judicial, que es preventiva hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo mediante una serie de pericias ordenadas, no sólo impide que ingresen nuevos detenidos a esa sede sino que además obturó el desarrollo de la tarea cotidiana de todas las dependencias zonales.
La medida alcanza a la DDI San Nicolás y las Sub DDI Ramallo, Arrecifes y San Pedro-Baradero.
La orden judicial llegó a la Superintendencia de Investigaciones, que remitió las directivas a la Departamental para que se haga cumplir la medida preventiva, mientras se desarrolla el proceso correspondiente que inició el habeas corpus.
Así, el personal de la DDI en todo el departamento judicial San Nicolás sólo está para trabajos de inteligencia de campo, identificar personas o para acompañar como apoyo los procedimientos que encabece el personal de las comisarías, sobre las que ahora recayeron esas tareas de la policía de investigación que están momentáneamente suspendidas.
La medida preventiva la tomó el juez Román Parodi mientras subrogaba a su par María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías 3, donde tramita la causa.
El habeas corpus fue presentado por el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, en favor de las personas alojadas en sede San Nicolás de la DDI.
El oficio librado por el juez Parodi a la Jefatura policial indica que "no podrán ingresar detenidos".
Indica que "deberán remitir en carácter de urgente a este Juzgado la nómina de personas alojadas, especificando a disposición de qué organismo se encuentran detenidas y el estado del trámite de alojamiento bajo la órbita del Servicio Penitenciario".
Además, "deberá informar" la notificación de "las órdenes de clausura judicial o administrativa, y en su caso informe los motivos del incumplimiento", según consta en la resolución judicial a la que tuvo acceso La Opinión.
La presentación de Cipriano García derivó en la decisión del Juzgado de solicitar, además de la medida preventiva, una gran cantidad de pericias probatorias para establecer las condiciones de detención denunciadas en el habeas corpus.
La DDI San Nicolás debe informar el listado de alojados en la dependencia, a los que además deberá trasladar de inmediato a unidades penales.
Tendrá que elevar al Juzgado, también, cuáles y cómo son los planes de evacuación de la dependencia, y la infraestructura antisiniestral.
La Dirección General de Asesorías Periciales, por su parte, fue notificada para que designe un perito arquitecto o ingeniero civil para constatar el estado del edificio respecto de filtraciones, humedad, red cloacal, agua caliente y fría, grifería, vidrios, calefacción, ventilación, etc.
Esa pericia deberá además determinar qué refacciones hacen falta, cuánto tiempo llevarán y si es viable que mientras tanto quienes están alojados sin haber sido asignados a una unidad penal permanezcan allí.
Un perito en seguridad e higiene deberá expedirse sobre la existencia de red hidrante, mangueras y provisión de agua, matafuegos, salidas de emergencia y plan de evacuación para hacer frente a un eventual siniestro.
En ese sentido, deberá analizar el estado general de puertas, colchones, cuchetas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, mobiliario, estado general de las celdas, paredes y techos, iluminación, ventilación y calefacción disponible.
Un perito nutricionista tendrá a su cargo la responsabilidad de auditar la calidad y cantidad de alimentos que se sirven a los detenidos y deberá dejar constancia si los entregan "en tiempos acordes a las necesidades de las personas detenidas, si se conservan en buen estado y si responden a los parámetros de calidad establecidos".
La Asesoría Pericial Departamental, por su parte, deberá designar un perito trabajador social para que eleve un "amplio informe socio sanitario que dé cuenta de las condiciones de vida de las personas alojadas en la dependencia policial".
Deberá consignar cuáles son las condiciones de "habitabilidad, higiene, espacio y horarios para ejercicios físicos, actividades educativas, acceso a talleres y recreación", y expedirse sobre "qué posibilidades de relación mantienen con su familia o referentes afectivos"
Peritos psicólogo, médico y psiquiatra se expedirán sobre "las consecuencias que ese régimen provoca o puede provocar sobre la integridad psicológica de las personas, determinando tratamiento y modificaciones que debieran hacerse al régimen actual".
Fuente: laopinionsemanario.com
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