El viernes, desde la mañana y hasta pasadas las nueve de la noche, declararon los imputados como cabecillas de la estafa piramidal. Los acusados dieron su versión de los hechos ante la Justicia y los abogados particulares y oficiales que los asisten pidieron al Juzgado que los excarcelaran.
La fiscal Valle Viviani (oriunda de San Nicolás) tomó declaración a los detenidos imputados por la estafa piramidal de la plataforma Rainbowex, referentes del denominado Knight Consortium.
Las declaraciones demoraron horas, porque todos, asistidos por abogados particulares algunos y por la defensoría oficial otros, ofrecieron su versión de los hechos de los que están acusados.
A los siete detenidos, Viviani les comunicó las imputaciones para que pudieran defenderse —la indagatoria es la primera instancia de defensa como acusados— y responder preguntas de Fiscalía.
De los siete, cuatro tienen al mismo abogado particular, quien se presentó en el expediente para asistirlos; un quinto tiene a otro letrado privado; y Maximiliano Braga es asistido por Defensoría Oficial.
En cada caso, los abogados que los defienden solicitaron la excarcelación, pedido que el Juzgado de Garantías deberá resolver y habrá que ver si lo hace antes de Navidad, lo que es poco probable.
Luis Pardo, Maximiliano Braga, Alexis Pan, Gerardo Gelabert, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo están sindicados como los cabecillas del Knight Consortium, los que más cantidad de personas refirieron y los máximos beneficiarios de la estafa piramidal.
Tras declarar, todos quedaron detenidos a disposición de la Justicia. Braga y Desanzo, en la Comisaría local, Pardo fue trasladado a Suipacha, Diez era llevado este sábado a Brandsen, y Villalba, a General Paz.
Para la Justicia, en esta etapa, son parte esencial de la estructura organizacional que diseminó "la China" en San Pedro.
Los siete fueron apresados en el marco de una serie de allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro, mientras además se desarrollaban procedimientos similares en San Antonio de Areco y en Bahía Blanca.
Fiscalía deberá decidir si pide prisión preventiva, para lo que puede tomarse entre 15 y 30 días, de acuerdo a la normativa vigente, para que el Juzgado de Garantías interviniente defina.
Como parte del proceso judicial, ordenaron incautar alrededor de 3,5 millones de dólares en USDT que fueron congelados en las cuentas de los imputados y quedaron bajo custodia de Fiscalía.
Fuente: laopinionsemanario.com.ar
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