El gobierno nacional anunció que desistirá de la incorporación de las telefónicas en el negocio de los medios, en relación al proyecto de Ley de Medios de Comunicación Audiovisual.
La decisión fue motivada por la resistencia que oponían a tal situación, algunos sectores políticos aliados del oficialismo, que amenazaban con rechazar el texto legal propuesto. Así, con el objeto de obtener los votos necesarios en el Congreso Nacional, el gobierno dio marcha atrás con su pretensión en el sentido señalado.
Esta situación evidencia la ausencia de solidez de fundamentos y las verdaderas intenciones del gobierno en este tema; les da lo mismo cualquier cosa, mientras se apruebe el control estatal y las restricciones dirigidas a un grupo de medios específico.
Cierto es que con el anuncio mejora en un aspecto el proyecto de ley. El riesgo de una nueva modalidad de concentración se diluye por el momento.
No puede decirse lo mismo respecto del Organo de Aplicación en materia de comunicaciones, pues se mantiene la postura oficial, en el sentido que es el propio Ejecutivo Nacional quien tendría a su cargo el contralor y adjudicación de las licencias.
Democratizar los medios de comunicación, implica generar condiciones de equidad e igualdad entre todos los actores del sector, con un órgano de aplicación de la ley que sea imparcial y cuente con la capacidad técnica de adelantarse a las nuevas tecnologías, que modifican constantemente los instrumentos de comunicación masivos.
Contenidos, infracciones, adjudicaciones y todas aquellas circunstancias relativas a los medios de comunicación audiovisual, serán sometidos a la decisión del gobierno de turno.
No puede soslayarse una cuestión excluyente en este tema, y es la LIBERTAD DE PRENSA y el DERECHO A LA INFORMACION. Independientemente del aspecto economicista del problema, debe analizarse la perspectiva de la información, y frente a ello esta ley ofrece numerosos reparos.
Los instrumentos que crea esta ley, tienen la aptitud potencial de restringir esas libertades y garantías, en manos de un gobierno arbitrario. Desde la manipulación a través de la pauta oficial, la adjudicación de licencias a los amigos del poder, hasta sanciones o presiones a medios privados, son las posibilidades que ofrece la norma.
Es en función de estas circunstancias que se impone un amplio debate para regular esta materia; una ley de radiodifusión democrática no puede ser la resultante del capricho del gobierno de turno, sino una síntesis de todos los intereses en juego, debidamente equilibrados y controlados por instituciones independientes del poder y de los medios.
Dr. Pablo del Litto
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