Lic. Sebastián E. ARIAS
Nuestro mundo, y naturalmente nuestro país también, atraviesan horas extraordinarias. La pandemia mundial que se ha declarado por la rápida propagación del virus Covid-19, llamado popularmente “coronavirus”, nos presenta una realidad cotidiana muy diferente a la que estamos habituados a ver, al menos en Occidente. Puestos fronterizos se han vuelto a levantar, fronteras se han cerrado, ciudades se han “amurallado”, las calles desiertas y los espíritus, alterados.
Nuestro país ha ingresado en una segunda fase de la cuarentena. El gobierno presidido, al menos en lo formal, por Alberto Fernández, extendió hasta el 12 de abril la vigencia del “aislamiento social obligatorio”. Este confinamiento, que indudablemente es una apuesta arriesgada por parte del gobierno del Frente de Todos, ha implicado la limitación ambulatoria para todos aquellos que se desempeñan en tareas calificadas como “no esenciales”. Esta medida, que encontró un amplio apoyo en la dirigencia (desde donde era reclamada), y a nivel popular, se ha transformado asimismo en la principal herramienta para lidiar con la pandemia.
En la Argentina, las alarmas acerca del brote epidémico surgido en Wuhan, China, comenzaron a sonar prontamente. El aérea de Salud es conducida por el médico nicoleño Ginés González García, que deambuló por los canales de televisión, concediendo un sinnúmero de entrevistas en donde, cuando era consultado por el Covid-19, minimizaba el asunto con respuestas tan pueriles y simplistas como “Argentina es el país más distante de China”, “estamos en verano y el virus no sobrevive más allá de los 26 grados” y en una afirmación que raya la insania (al menos en términos comunicacionales) aseveró: “no hay ninguna posibilidad de que exista el coronavirus en Argentina”. Recientemente, en una entrevista concedida a un matutino porteño, el ex embajador en China, Diego Guelar, expresó que ya en enero se contactó en varias oportunidades con el titular de la cartera sanitaria para manifestarle la honda preocupación por lo que sucedía en la potencia asiática y las enormes consecuencias que podía llegar a traer al mundo y a la Argentina, teniendo por respuesta chicanas televisadas; “el ministro Ginés González García me cargaba por televisión y decía que no había ningún riesgo de que el coronavirus llegara a la Argentina”, manifestó el diplomático en la entrevista publicada por Infobae el 24 de marzo pasado, casualmente día de la memoria. Actitud de displicencia que consideramos a todas luces no olvidable, más bien “justiciable” por parte de quien comanda, a sus 74 (setenta y cuatro) largos años, la salud pública nacional.
El virus finalmente llegó y el país se paralizó. El presidente, rápido de reflejos en virtud de la subestimación que hacía su ministro del tema, se puso al frente, en términos mediáticos, de la lucha contra la enfermedad. Junto a su fotógrafo oficial, subió al helicóptero y desde las alturas parece haber descubierto que los efectores de salud del conurbano bonaerense son poco más (o poco menos) que mampostería vacía. Pero había algo que efectivamente desnudaba la foto: el precario estado de los hospitales públicos (con las debidas excepciones). El presidente, que a pesar de su reiterado llamado a la “unidad” de los argentinos, intentó cargar las culpas sobre la gestión macrista 2015-2019, pero rápidamente tuvo que dar marcha atrás al notar dos aspectos de ese discurso: por un lado, como negar que el hospital en cuestión (como tantos otros) habían sido inaugurado al menos dos veces por miembros de la coalición gobernante y que en particular, el estado de los hospitales municipales del conurbano han sido responsabilidad mayormente de los intendentes peronistas (?) desde 1983 a la fecha; por otro lado, la propagación del brote implicaría un fuerte impacto en el sistema de salud nacional, y si la situación alcanzaba los niveles de Italia o España, las tintas ya no podrían cargarse sobre administraciones pasadas, pues el equipo de gobierno que debe dar respuestas es el que él, al menos formalmente, encabeza. Era momento de la épica y la espectacularidad.
A tiempos excepcionales, medidas excepcionales. Esta frase, con mil variantes, ha sido muy usada en diferentes momentos de la historia universal para justificar el accionar gubernamental que se ve compelido por la hora a dar respuestas. La situación Argentina, poco antes de que el gobierno nacional anunciara el “aislamiento social obligatorio”, estaba en un punto jurídica y políticamente de alta complejidad y fragmentación. Provincias e incluso municipios levantaban (y aún lo hacen) barricadas para impedir la circulación de personas, haciendo del territorio nacional (?) un mosaico de claras en inevitables reminiscencias medievales. El decreto presidencial de restricciones a la circulación implicó la toma del centro de la escena política por parte del presidente. Esta arriesgada apuesta por salvar el capital político tiene, claramente una contracara: la paralización casi total del aparato productivo del país. La economía nacional se encontraba atravesando una profunda crisis, a la cual, el gobierno no parecía estar encontrando vía de salida. Las cavilaciones del equipo que conducen Guzmán (economía) y Kulfás (producción) no estaban dando con los resultados esperados. La inflación continúa alta, en especial en el rubro alimentos (impactado especialmente por la restitución del IVA), el crédito interno y externo cerrados, la actividad industrial en caída (-1,8 % en enero), recaudación en picada y un gasto público ya muy difícil de sostener para el sector privado. La economía nacional se encuentra entre las que mayor presión tributaria soporta en el mundo, mientras que los decisores públicos continúan sosteniendo la “doctrina Caserio” (“la clase políticas no es la que hace esfuerzos, es la que dicta las normas” declaró el peronista cordobés integrante de la Cámara que comanda Cristina Fernández de Kirchner al ser consultado por los altos sueldos y gastos de los funcionarios públicos). Si bien las declaraciones acerca de que la salud está antes que la economía son moralmente irreprochables, no es menos cierto, que la economía nacional no puede estar paralizada casi por completo sin sufrir un deterioro de proporciones descomunales. ¿Acaso puede una Pyme pagar, no solo sueldos, sino cargas sociales, impuestos, costos fijos, etc. sin tener ingresos? ¿Es esto sostenible en el tiempo indefinidamente? ¿La única alternativa es que le recomienden endeudarse a tasas bajas? ¿Pueden los profesionales independientes continuar sin trabajar? ¿Pueden los cuentapropistas, sostenerse ellos y sus familias con más de un mes de ingresos cero?. Los integrantes del sector público nacional, tienen en este sentido una ventaja por sobre los del sector privado: pase lo que pase, ellos a fin de mes tendrán, vía impuestos o vía emisión monetaria, los sueldos depositados. Los provinciales y municipales ya manejan un grado de incertidumbre mayor, pues al verse impedidos de emitir moneda, deben manejarse con la recaudación y el crédito: el crédito está casi cerrado y la recaudación de las entidades subnacionales está muy golpeada. El dinero no es de generación mágica o espontánea, el dinero sólo se origina en el trabajo (propio o ajeno, pero trabajo…).
La herramienta del confinamiento de la mayor parte de la población no puede utilizarse así de manera indefinida, caso contrario la realidad será muy difícil de sobrellevar y se ingresará en una zona de conflicto sumamente difícil de controlar. Los modelos que han parecido mejor reaccionar a la pandemia han combinado diferentes herramientas en diferentes momentos. La Argentina perdió un tiempo precioso, al no cerrar rápidamente las fronteras con los países que ya tenían una circulación generalizada y limitarse al “autocontrol” o “declaraciones juradas” sobre síntomas. Estrategias de testeos masivos y aislamiento de grupos de riesgo y personas afectadas parece ser lo que más resultado está dando, para no generar un shock económico que también traerá aparejada mayor pobreza y consecuentemente muertes.
No hay un manual para los administradores gubernamentales de cómo proceder en tiempos que superponen pandemia con recesión económica y alta inflación. Los argentinos debemos saber que el costo será muy alto. Los apelativos a una batalla épica a la que parte del discurso impuesto por funcionarios y medios afines no debe hacernos perder de vista el enorme costo social que tiene la asignación ineficiente de los recursos públicos. El estado de los hospitales, equipamiento, salarios del personal médico y de seguridad, obras de infraestructura básica (rutas, caminos, trenes, aeropuertos, cloacas, aguas corrientes, puertos, etc) se transforman en esenciales en caso de necesidad; y han sido relegados por décadas de gobiernos que han favorecido el clientelismo, el gasto superfluo de destinar fondos públicos a estudios sobre la sexualidad media del tatú carreta.
Esperemos que el próximo mundial de fútbol no borre de la memoria colectiva, la necesaria jerarquía de las prioridades nacionales, porque sólo con aplausos, verdaderamente, no alcanza.
Benjamín Weder presentará exhibición en Cálamo Cultural