El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, solicitó la elevación a juicio oral de tres ex militares y tres ex policías de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), por delitos de lesa humanidad cometidos contra diez integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) de la regional Norte-Norte o Riberas del Paraná.
Seis personas aún se encuentran todavía desaparecidas.
Los acusados son el mayor Antonio Federico Bossie (quien ya fue condenado por otros hechos de lesa humanidad) y los tenientes Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada, quienes integraban la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, del Área Militar 132; y los ex policías bonaerenses Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Orlando Calabressi, quienes integraban la DIPPBA Regional San Nicolás.
En el requerimiento, el Dr. Di Lello, representante del Ministerio Público Fiscal, señaló que los secuestros fueron perpetrados en 1976 en distintas localidades correspondientes a la circunscripción del Área Militar 132, en perjuicio de integrantes del PRT-ERP, seguidas por el cautiverio, aplicación de tormentos a las víctimas y homicidios.
De acuerdo a la Fiscalía, todos los ilícitos investigados constituyen “graves violaciones a los derechos humanos, y como tales merecen ser considerados como crímenes de lesa humanidad, perpetrados en cumplimiento del plan sistemático de represión y exterminio instrumentado durante la última dictadura cívico militar”.
Los secuestros comenzaron el 9 de noviembre de 1976, en San Nicolás, cuando fueron detenidos los militantes Carlos Benjamín Santillán e Irene Ballester.
Como consecuencia de los interrogatorios a los que fueron sometidos, se realizó un operativo en la ciudad de Pergamino, donde fue detenida María Cristina Lanzilloto, pareja de Santillán.
Al día siguiente, durante la mañana, fue detenido Carlos Alberto Aranda, y a la noche, Carlos Gerardo Pérez y Leonor Genoveva Pierro.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por el Comando Radioeléctrico, personal de la DIPPBA, Brigada de Investigaciones, personal del Ejército y Policía Federal, que culminaron en las jornadas siguientes con las detenciones de A. Prado, Omar Eduardo Inza, Rubén Rodríguez Moreno y Andrés Carlos Fassy.
Hasta la actualidad, Aranda, Santillán, Lanzilloto, Pérez, Pierro y Ballester, se encuentran desaparecidos.
Según el requerimiento de elevación a juicio, el coronel Bossie desempeñaba funciones en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás como oficial de operaciones (S2) e inteligencia (S3).
En ese sentido, se lo consideró responsable del homicidio de dos personas y de los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas en seis ocasiones.
En cuanto al teniente coronel Piccione (que a la fecha de los hechos tenía el grado de capitán, ejercía los cargos de oficial de Logística y oficial de Personal -S4 y S1 respectivamente- e integraba la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás), se lo señaló como coautor de los delitos de homicidio de dos personas, la privación ilegítima de la libertad en perjuicio a seis víctimas y por las torturas cometidas en cuatro oportunidades.
Por su parte, la Fiscalía consideró responsable al teniente coronel Andrada como responsable del homicidio de seis personas, la privación ilegítima de la libertad en diez casos, en concurso real con el delito de torturas en ocho oportunidades.
Por último, con respecto a los ex los policías provinciales que integraban la DITPBA, la Fiscalía señaló a Amarillo como responsable de la privación ilegítima de la libertad en perjuicio de tres víctimas; y a Parodi y Calabressi como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad en una oportunidad.
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