Causa Camioneros: definen si le otorgarán el arresto domiciliario a Cabaleyro

En los Tribunales de San Nicolás se realizó este martes la audiencia donde el Juzgado de Garantías analizó el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros y concejal (en uso de licencia) por el Frente de Todos, Maximiliano Cabaleyro.

La Cámara de Apelaciones había dejado firme el fallo que dispuso la prisión preventiva para Cabaleyro y para el dirigente sindical de San Pedro, Fernando Espíndola, pero había ordenado que las audiencias por el pedido de arresto domiciliario (otorgado en primera instancia y luego anulado), se desarrollaran desde cero.

Este martes se desarrolló la audiencia correspondiente a Cabaleyro, cuyo defensor, el abogado sampedrino Mauricio Gugger, planteó cuestiones vinculadas a la salud del sindicalista preso para solicitar que atraviese el proceso camino al juicio con el beneficio del arresto domiciliario, es decir, en condición de detenido pero en su casa, con tobillera electrónica.

Por su parte la fiscal nicoleña Valle Viviani se opuso a los planteo de Gugger y ahora el Juzgado de Garantías tiene hasta cinco días hábiles para expedirse -aunque se espera que lo haga antes del fin de semana- respecto de si otorga ese beneficio o no.

Se espera que cualquiera sea el resultado de esta audiencia, la parte no favorecida apele la decisión del Juzgado, por lo que todo indica que será luego la Cámara de Apelaciones y Garantías la que defina el futuro procesal de Cabaleyro, tal como sucedió con Espíndola.

En el caso del sampedrino, a pesar de las diversas situaciones relacionadas con su salud que expuso el abogado Mauricio Gugger, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo del juez de Garantías que había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria.

De esa manera, Espíndola quedó alojado en una celda de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás mientras se sustancia el proceso en su contra en el marco de la causa por la que fue detenido el 8 de abril pasado junto a Cabaleyro.

Ambos fueron denunciados por los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Están imputados por turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico (fuente: laopinionsemanario.com.ar).