La ley promulgada autoriza la muerte digna para pacientes con enfermedades terminales, a quienes se les permitirá rechazar tratamientos que no sirvan para mejorar su estado de salud.
La iniciativa, de autoría del diputado Marcelo Feliú (FPV-PJ), había sido presentada en setiembre del 2011 y fue aprobada por unanimidad por ambas cámaras de la Legislatura bonaerense el 14 de diciembre último.
Tendrá como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud provincial, cuyo titular, Alejandro Collia, afirmó que su cartera "avanza ahora en la creación de un protocolo de atención para implementar la nueva normativa en todos los hospitales de la provincia".
Celebró además que "la provincia ya cuente con una herramienta legal que protege la autonomía de voluntad del paciente y que resguarda al equipo de salud".
Feliú, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la cámara baja, resaltó que es fundamental dejar en claro que la norma "no obliga a nadie, sino que sólo permite una libre elección".
Destacó además que "si alguien decide algo distinto a lo que esta ley habilita, está en todo su derecho y se le garantiza esa elección".
La ley permite que "el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de los procedimientos".
Sirve para dejar morir en paz cuando la enfermedad no sólo es incurable sino que además representa un suplicio insoportable
Estos abarcan tanto los quirúrgicos, de reanimación artificial o "al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado”.
También considera válida la manifestación de voluntad de toda persona capaz, realizada en instrumento público y ante un escribano de registro o juez competente, en la que manifieste su voluntad de rechazar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico y/o de reanimación artificial, en caso de padecer una enfermedad terminal.
De esta forma la provincia posee una normativa en este aspecto similar a la que fue dictada en mayo del año pasado por el Congreso de la Nación.
Del lado de los médicos, esta ley deja en claro que “ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la norma, está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa”.
Los especialistas reconocen que la ley "sirve para dejar morir en paz: cuando la enfermedad no sólo es incurable sino que además representa un suplicio insoportable" y añaden que "siempre que el paciente lo pida, no hay que vacilar porque, en estos casos, el daño mayor es la enfermedad y no la muerte”.
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