La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) denunció al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por delitos de lesa humanidad en dos causas que se tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro, al tiempo que la entidad defensora de los derechos humanos pidió el juicio político para este funcionario del ministerio público. Según un comunicado de la CPM, "al momento de los hechos, el fiscal revistaba como subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)".
En esa dependencia se desarrollaron acciones de espionaje político y gremial e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.
Entre las actividades de infiltración cumplidas por Fernández Garello aparecen reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y de la Conferencia Espiscopal.
El organismo de derechos humanos puso "inmediatamente en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense y solicitó su inmediata intervención para apartar al funcionario e iniciarle un juicio político".
De acuerdo con la denuncia, el funcionario judicial estaría involucrado en el asesinato de Ana María Martínez y en las torturas aplicadas a un grupo de militantes comunistas durante la última dictadura cívico militar.
Durante la dictadura cívico-militar, el ahora fiscal general de Mar del Plata Fabián Uriel Fernández Garello se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
En su denuncia, la Comisión remarcó que "sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado". El entonces oficial subinspector integró operativos conjuntos entre integrantes de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
La CPM también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV.
La delegación DIPPBA San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
"La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado", enfatiza la CPM.
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