El defensor oficial de Santa Fe fue suspendido del cargo, que se extendía hasta abril de 2017. Tras una acusación ante la Comisión Bicameral del Parlamento por “mal desempeño en sus funciones”, el Frente Popular Cívico y Social logró correr a un lado al letrado que fue parte de distintas denuncias de casos de violencia institucional en la provincia junto a familiares y organizaciones políticas.
Ganón, alineado con el kirchnerismo, había sido atacado por Lisandro Enrico de la UCR, que lo acusaba de actuación indebida e ilegítima en diversas causas penales, parcialidad política incompatible con el cargo, privación del derecho de defensa a los agentes policiales, entre otros motivos. Un ataque reaccionario en medio del compromiso del Gobierno provincial con la impunidad de la Policía Santafesina.
De hecho, esta actitud del Gobierno provincial completa un lineamiento acorde a las políticas de mayor impunidad que denuncian diversas organizaciones sociales, políticas y de DDHH, y que vienen siendo cubiertas desde La Izquierda Diario. Hace pocos meses el gobierno provincial designaba como Defensor del Pueblo a Raúl Lamberto, ex ministro de Seguridad de Bonfatti, quien gobernó con el gatillo fácil y la violencia policial. El panorama de compromiso con la impunidad se completa con dos ministros de Justicia que asumieron como defensores de la banda de delincuentes VIP encabezados por contadores, empresarios y el CEO de La Capital. El escándalo los hizo renunciar. Lo propio hizo con ministros vinculados a la defensa de narcotraficantes.
En el último año y mas allá de las luchas incansables de familiares y organizaciones políticas y de Derechos Humanos, ha habido una ofensiva estatal contra las causas locales de gatillo fácil. Los crímenes de Gerardo “Pichón” Escobar, Jonatan Herrera y Franco Casco siguen impunes, hay que leer a la destitución de Ganón como parte de la actitud del gobierno de Lifschitz que cada vez se emparenta más a la agenda derechista de Cambiemos.
Por su parte, Ganón anunció que apelará esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante los tribunales internacionales.