La causa que puso en la mira a los movimientos piqueteros y, en particular, a los manejos del Polo Obrero se reactivará esta semana: a partir del martes un grupo de dirigentes e intermediarios comenzarán a desfilar en indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, en una ronda que culminará el próximo 25 de junio con el líder de la agrupación Eduardo Belliboni.
Los acusan de administración fraudulenta, coacción y extorsión a beneficiarios de planes sociales. En los últimos días, los investigadores fueron avanzando sobre la pista de la ruta del dinero piquetero que puso en la mira a una usina de facturas truchas y una empresa ligada al Polo Obrero que se usaría para desviar dinero, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Las sospechas crecieron sobre Costex SA luego de que se allanara a sus socios y ambos dijeran que no tenían nada que ver con ese emprendimiento. Uno de ellos, además, vive en condición precaria, reforzando los indicios en torno a que se lo usó de pantalla.
Esas dos personas también aparecen como socios de otras tres empresas que se crearon en 2020: Costex y VSP Consulting SA fueron registradas en octubre de ese año; Ciriaco Shoes SRL y Recinsur SA son de febrero de 2020. La AFIP las reportó como una usina de facturas truchas.
Siguiendo ese hilo, detallaron las fuentes consultadas por Infobae, aparecen un mismo grupo de profesionales detrás de la creación de esas empresas: un escribano, un abogado y dos gestores que fueron allanados.
Se están analizando los documentos, sus computadoras y celulares para tratar de esclarecer que pasó. La gran duda es quiénes estaban detrás de estas sociedades y, en particular, de Costex SA que es la que aparece ligada a este expediente.
Otro dato llamó la atención: el Gobierno ha decidido entrar de lleno en esta causa desde distintos brazos. Tras el rechazo del juez Casanello para que el Ministerio de Seguridad -encargado de la denuncia- se convirtiera en querellante, el Ministerio de Capital Humano fue aceptado en el expediente.
Pero además se sumó esta semana la Unidad de Información Financiera y ha pedido también ese rol de afectado particular la Oficina Anticorrupción, detallaron las fuentes consultadas por este medio. También pidió ser querellante la agrupación civil Poder Ciudadano.
Todo versa en torno a la denuncia que se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
Fabiana Cantilo se presenta en el Teatro San Nicolás