A partir de este lunes, unos 60 reclusos de “alta peligrosidad” de las cárceles de Santa Fe empezarán a usar trajes color naranja. La medida fue cuestionada por organismos de derechos humanos porque “estigmatiza” a los presos.
Se estima que los presos que estrenarán el naranja estilo Guantánamo en Santa Fe son unos 60; son considerados de “Nivel 1″, es decir de máximo peligro. El gobierno de Santa Fe supone que así las autoridades penitenciarias podrán distinguir rápidamente a los reclusos según su perfil.
Sería, según se anunció cuando se aprobó la ley, la primera de varias fases de señalización cromática para los privados de libertad.
Concretamente, la resolución 008/2024, publicada el 21 de agosto determina el uso de los “uniformes obligatorios color naranja” cada vez que el interno salga de su lugar de alojamiento, “sea un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria”, hasta que regrese. Y prohíbe que las visitas entren con prendas de esa tonalidad, para evitar la confusión.
El Ministerio de Seguridad provincial informó que esta normativa alcanzará a los 9.000 detenidos alojados en unidades penales santafesinas.
Matilde Bruera, ex diputada peronista, ex integrante de la comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura y profesora titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, consideró la decisión como “ridícula” y remarcó que, además de inofensiva, es estigmatizante para los presos.
“En general la legislación internacional, y la nuestra, dice que la vestimenta del preso es un derecho, que tiene que ver con la dignidad. El preso tiene derecho a usar su propia ropa. Si no tiene, o no quiere, o está deteriorada, puede pedir que le den ropa. Y pueden darle un uniforme, pero si él lo pide. Esto de obligarlos a usar un uniforme es volver al traje a rayas, algo que se derogó hace muchas décadas en el país”, explicó Bruera a Infobae.
“Nunca creí que íbamos a llegar a semejante cosa. El discurso del Ministerio es que esto permite mejorar el manejo de las cárceles porque permite diferenciar a simple vista la categoría de peligrosidad de los presos. Es ridículo, los presos no son tontos. Si consiguen que les vendan celulares, ¿cómo no van conseguir que les cambien el traje?”, agregó Bruera.
“En cualquier momento les ponen grilletes”, ironizó.
Por su parte, Kevin Nielsen, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, dijo: “Esto puede tener un efecto discriminatorio, segregativo y atentar contra los esfuerzos para reintegrar al condenado, es decir, puede ser contraproducente”.
En tanto que desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también criticaron la medida, a la que consideraron “un retroceso absoluto que no está justificado”.