El Ministerio de Capital Humano reemplazará el programa que alcanzaba a 900 mil beneficiarios por vouchers de capacitación, ampliará la doble escolaridad en escuelas vulnerables y lanzará centros de formación con apoyo privado, junto a una campaña nacional contra las adicciones.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, avanza en una nueva reconfiguración profunda de la política social con un punto de inflexión claro: el cierre definitivo del programa “Volver al Trabajo”, heredero del programa creado por el kirchnerismo “Potenciar Trabajo”, que alcanzaba a cerca de 900 mil beneficiarios con una prestación de 78 mil pesos.
Ese esquema, que durante años funcionó como columna vertebral del sistema de asistencia directa, será reemplazado por un modelo que combina transferencia focalizada en la infancia, capacitación laboral mediante vouchers, una expansión del rol estatal en educación vulnerable y una nueva línea de intervención sobre consumos problemáticos.

En la transición hay un dato clave: del casi millón de beneficiarios, solo 138 mil se inscribieron para recibir capacitación.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei, que busca desarmar los dispositivos de intermediación que caracterizaron a la política social en las últimas décadas y redirigir los recursos hacia segmentos considerados prioritarios. En ese rediseño, el Ministerio de Capital Humano se convirtió en una pieza central, con un enfoque que combina ajuste del gasto, focalización y rediseño institucional.
“La política social de este gobierno va hacia niños y adolescentes y capacitar a la gente que tiene dos piernas y dos brazos para ir a trabajar y busca reinsertarse en el mundo del trabajo”, aseguraron en diálogo con Infobae fuentes del Ministerio de Capital Humano.
Es una idea que la propia Pettovello transmitió a sus funcionarios y lo plantea en las reuniones que se aceleraron en las últimas semanas, tras la decisión de dar de baja el plan que había quedado como sucesor del “Potenciar Trabajo”, una política de asistencia que diseñó el kirchnerismo y que terminó generando bolsones de corrupción y clientelismo.

El cierre del programa no es un movimiento aislado, sino el resultado de una evaluación crítica sobre su funcionamiento.
En el Gobierno sostienen que el sistema carecía de trazabilidad, se administraba con escaso control y estaba atravesado por mecanismos informales de asignación.
La imagen que circula en despachos oficiales es la de una base de datos masiva, con más de un millón de beneficiarios, gestionada sin mecanismos de auditoría robustos y con fuerte dependencia de estructuras territoriales.
El monto de la prestación, congelado en $78 mil durante dos años, terminó de reducir su impacto real como política social de asistencia efectiva. En la práctica, la mayoría de los beneficiarios ya complementaba esos ingresos con changas, empleo informal o actividades no registradas. Esa convivencia entre asistencia estatal y trabajo por fuera del sistema formal fue interpretada por el Ministerio como una distorsión estructural que impedía cualquier política de inserción laboral genuina.

Pero el dato que terminó de consolidar la decisión política es otro: el rendimiento del programa en términos de empleo. Según los relevamientos oficiales, por el “Potenciar Trabajo”, solo el 1% de la gente consiguió trabajo gracias a esto. “El resto lo que hacía era cortarle el pasto a los intendentes y esa era la contraprestación. Los usaban para ellos y para hacer cortes de calles y marchas. Era una herramienta para financiar organizaciones y líderes piqueteros para hacer política”, advierten en el Ministerio de Capital Humano.

Esa caracterización atraviesa toda la lectura oficial sobre el sistema anterior. En la Casa Rosada consideran que el programa terminó funcionando como un mecanismo de financiamiento indirecto de organizaciones sociales y estructuras piqueteras, que utilizaban la asignación de planes como herramienta de control territorial y movilización política.
En ese contexto, la transición hacia un nuevo esquema tuvo un momento clave: la apertura de un registro para que los beneficiarios optaran por ingresar a un sistema de capacitación laboral. El resultado fue contundente. De los cerca de 900 mil beneficiarios, apenas 138 mil se inscribieron para acceder a cursos y programas de formación. El dato es interpretado en el Ministerio como una señal de que la mayoría no tiene interés en ese tipo de trayectos o ya cuenta con algún tipo de ingreso por otras vías.
Esa cifra no sólo valida el diagnóstico oficial, sino que además reconfigura el uso del presupuesto. Los recursos que ya no se destinarán al pago masivo de transferencias serán redistribuidos entre programas de capacitación, infraestructura social y expansión del sistema educativo en zonas vulnerables.

El nuevo esquema de capacitación se apoyará en un sistema de vouchers, que los beneficiarios podrán utilizar en instituciones previamente validadas por el Estado. En una primera etapa, la oferta estará canalizada a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y otros dispositivos existentes, pero el objetivo es avanzar hacia una red más amplia, que articule con las demandas productivas de cada provincia.

El Ministerio está desarrollando un relevamiento federal para identificar cuáles son los perfiles laborales que requieren las economías regionales. La lógica es invertir la secuencia tradicional: en lugar de ofrecer cursos genéricos, diseñar la formación en función de las necesidades concretas del mercado laboral. Esa articulación entre oferta y demanda es uno de los ejes sobre los que se apoya la expectativa oficial de mejorar la empleabilidad.
En paralelo, se está desplegando una red de centros de familia y capacitación, que funcionarán como nodos territoriales de la nueva política social. Estos espacios integran formación laboral, acompañamiento familiar, actividades culturales, apoyo nutricional y contención en problemáticas específicas. El modelo combina financiamiento estatal con participación del sector privado, especialmente en infraestructura.
El primer centro de este tipo se instaló en el barrio de La Paternal, en la Ciudad de Buenos Aires, y funciona como experiencia piloto. En ese marco, hace dos semanas se inauguró el Centro de Formación Capital Humano, que sintetiza el modelo que el Gobierno busca escalar a nivel nacional. Se trata de la puesta en valor de un edificio abandonado —el ex Centro Garrigós— reconvertido en un espacio de capacitación técnica orientado a mejorar la empleabilidad en sectores estratégicos.

Fuente: INFOBAE