Este viernes Radio Net entrevistó a la Dra. Ana Ruiz O’Neill, candidata por el Consejo de la Magistratura de la Nación, en representación de la abogacía federal.

Se refirió a la elección de abogados que compondrán el Consejo de la Magistratura de la Nación período 2026-2030.

La Dra. Ruiz O’Neill compite en las elecciones para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

“El Consejo de la Magistratura es un órgano de suma importancia. En estas elecciones del 20 de octubre es muy importante que voten todos los abogados del país que tienen matricula. una de sus funciones se seleccionar los magistrados de la justicia federal y nacional, entre otras facultades importantes”.

“Soy oriunda de Bell Ville, provincia de Córdoba. Hace más de treinta años que ejerzo la profesión y vivo de esto. Conozco de primera mano la problemática que tienen los abogados”.

El martes 20 de octubre (de 9 a 18 hs), se realizarán los comicios para elegir los cuatro abogados que representarán a todos los abogados del país, dentro del estamento respectivo, en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Votan todos los abogados del país con matrícula federal.

Con vistas a dicha elección, la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía, dio a conocer dio a conocer la nómina oficial de sus candidatos y los ejes estratégicos de su propuesta programática para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030.

Nómina de candidatos (Lista 3):
Titulares:
-Alberto Biglieri
-Claudia Sarmiento
-Eduardo Bittar
-Jazminka Mihaljevic

Suplentes:
-Carlos Más Vélez
-Ana Ruiz O’Neill
-Guillermo Lipera
-Carolina Grillo

Bajo el lema de fortalecer el ejercicio profesional y garantizar la transparencia e independencia del sistema judicial, la lista impulsa siete compromisos clave:

1. Mérito, idoneidad e igualdad en la selección de magistrados: Selección basada en procedimientos objetivos, previsibles y transparentes que garanticen la igualdad entre profesionales independientes y funcionarios judiciales, respetando el orden de mérito y asegurando la trazabilidad de los concursos.

2. Independencia judicial y responsabilidad: Defensa de los jueces frente a presiones externas, complementada con el impulso de un Código de Ética Judicial y procesos disciplinarios eficaces con plazos razonables.

3. Defensa del ejercicio profesional: Respuestas concretas ante demoras y tramas burocráticas, junto con el fortalecimiento del vínculo con colegios y asociaciones de abogados de todo el país.

4. Rendición pública de cuentas: Compromiso de los consejeros de hacer públicos sus votos y posturas, explicando sus criterios y rindiendo cuentas periódicamente ante la comunidad jurídica.

5. Evaluación objetiva del desempeño judicial: Implementación de estadísticas e indicadores públicos para medir el funcionamiento de los tribunales e identificar y corregir fallas operativas.

6. Modernización e Inteligencia Artificial: Incorporación de tecnología, conectividad y automatización de procesos bajo estricta transparencia y supervisión humana para agilizar los tiempos de respuesta del sistema.

7. Formación judicial de excelencia y federal: Promoción de capacitaciones exigentes, plurales y accesibles para articular el trabajo con el ejercicio libre de la abogacía en cada provincia del país.