Prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad atraviesan una compleja situación económica debido a las demoras en los pagos por parte de distintas obras sociales. Profesionales señalaron que existen atrasos que alcanzan los 120 días y advirtieron sobre las dificultades que esto genera para sostener las prestaciones.

Según explicaron, durante septiembre volvió a registrarse una situación similar a la del mes anterior, con inconvenientes en la transferencia de fondos correspondientes a prestaciones ya realizadas. Algunas obras sociales comenzaron a regularizar pagos hacia fines de septiembre, aunque todavía persisten deudas acumuladas desde junio.

Los profesionales cuestionaron que los retrasos recaigan sobre quienes brindan diariamente las terapias y servicios, y reclamaron el cumplimiento de los plazos establecidos. “Nuevamente eligen jugar con los honorarios de quienes sostienen el sistema”, expresaron.

Además, plantearon la necesidad de garantizar la continuidad de la legislación vinculada a la emergencia en discapacidad. “No necesitamos leyes nuevas, exigimos que se cumpla con lo que ya está legislado”, manifestaron, al tiempo que remarcaron que la prórroga de la normativa vigente resulta fundamental para el sector.

Fuente: Página 12.