La UIPBA (Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires) y la ADIBA (Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires) expresaron su rechazo a las nuevas medidas implementadas por el municipio de Ramallo, que incluyen la creación de un peaje para el transporte de cargas y un sistema de registro obligatorio para los transportistas.

Advierten que estas disposiciones incrementan los costos logísticos, suman trámites administrativos y podrían afectar el funcionamiento de las fábricas de la región.

A través de una ordenanza del 19 de octubre, el municipio estableció el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), que exige a los transportistas registrarse y obtener autorizaciones para operar dentro del distrito. Desde el sector industrial cuestionan que este mecanismo vuelve a imponer requisitos similares a los del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno Nacional en 2024 para simplificar la actividad. Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el régimen de sanciones, que contempla multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos ante posibles incumplimientos.

Además, la normativa establece la responsabilidad solidaria de las empresas que contratan los servicios de transporte, situación que, según advierten los industriales, podría comprometer la continuidad operativa de las fábricas.

La medida se suma al peaje establecido en septiembre para los vehículos de carga que circulen por un tramo de cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87, principal acceso para el tránsito pesado hacia la zona industrial y el puerto de San Nicolás. Los valores oscilarían entre $25.000 y $62.000 por viaje, con un impacto estimado sobre más de 100 empresas y costos anuales que podrían alcanzar los $500 millones por organización.

Según lo señalado por el sector, el sistema de peaje ya fue concesionado a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación. También se instaló un pórtico de telepeaje y comenzaron las intimaciones a transportistas para gestionar el dispositivo TAG y registrarse en el sistema.

Las entidades industriales consideran que estas disposiciones constituyen una barrera económica para la circulación de mercaderías y cuestionan la legalidad del cobro. Sostienen que la implementación de registros, permisos y tasas municipales incrementa los costos de traslado de materias primas y productos terminados, perjudicando la competitividad de la industria, el comercio y las exportaciones.

Finalmente, advirtieron que la multiplicación de medidas similares en distintos municipios podría generar nuevos costos sobre una misma carga a lo largo del territorio nacional, profundizando las dificultades que atraviesa el sector productivo.