La Municipalidad de San Pedro emitió un comunicado oficial en el que confirmó que acatará la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de San Nicolás sobre el basural a cielo abierto de veinte hectáreas ubicado en el barrio La Tosquera.
La resolución judicial, firmada por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, en el marco de una investigación por presunta contaminación e infracción a la Ley de Residuos Peligrosos, exige la ejecución de un plan de contingencia urgente en 90 días y la entrega del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU) en un plazo de 60 días.
En su pronunciamiento, el gobierno local encuadró las actuaciones bajo la causa “DA – Basural San Pedro s/ Inf. Ley 24.051” y remarcó el carácter “estrictamente cautelar y preventivo” del fallo.
Desde el Departamento Ejecutivo enfatizaron que la decisión judicial se da en una etapa preliminar del proceso y no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni determina responsabilidades finales.
Asimismo, señalaron que el propio resolutorio reconoce que la clausura definitiva de un predio de estas dimensiones no constituye una tarea de corto plazo, diferenciando las intervenciones de emergencia de las soluciones de mediano y largo plazo.
Por otra parte, la comuna defendió las acciones desarrolladas en el predio al amparo de la ordenanza municipal N°6.656/2024, aunque advirtió que la dimensión de la problemática ambiental requiere de manera indispensable la asistencia y participación de los estamentos provinciales y nacionales.
La Justicia Federal de San Nicolás ordenó a la Municipalidad de San Pedro implementar un plan de contingencia urgente y medidas precautorias para controlar el basural a cielo abierto de 20 hectáreas ubicado en el barrio La Tosquera.
La resolución fue dictada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo tras un requerimiento del fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, con la intervención de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).
La decisión judicial se sustenta en informes del Ministerio de Ambiente bonaerense y peritajes de la Policía Federal Argentina, los cuales advirtieron sobre graves riesgos ambientales y sanitarios.
Entre las irregularidades constatadas figuran el depósito de residuos sin compactación ni cobertura sobre el suelo natural, la presencia de focos ígneos activos, humo constante, vectores de enfermedades y personas realizando tareas de recuperación de manera informal.
Además, un análisis toxicológico realizado en una muestra de agua del Centro Infantil La Colmenita, detectó valores de coliformes totales por encima de los límites permitidos, lo que encendió alertas sanitarias en la zona.
Ante este panorama, el fallo fijó un plazo de 90 días corridos para la ejecución de un plan de contingencia que exige el cerramiento perimetral del predio, control de accesos y vigilancia activa las 24 horas para frenar descargas clandestinas.
También contempla el registro formal de los trabajadores y de los vehículos que ingresan a verter residuos, junto con la clasificación de los materiales.
Asimismo, el municipio deberá presentar en un plazo de 60 días el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU).
Las mandas judiciales recaen directamente sobre el intendente Cecilio Salazar, el director de Ambiente, Gustavo Solá, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Adrián Devito, y el responsable del Corralón municipal, Juan Bronce, quienes deberán articular su cumplimiento junto al Ministerio de Ambiente de la provincia.
Fuente: notisanpedro.com.ar
