El relevamiento fue realizado durante enero de este año sobre más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, a través de las 39 bases operativas distribuidas en todo el país. Según informó el organismo, actualmente existen 526 cinemómetros habilitados para controlar velocidad y labrar multas: 363 fijos y 163 móviles.
Sin embargo, la auditoría reveló múltiples inconsistencias. De los radares fijos autorizados, solo 239 fueron encontrados funcionando en los lugares para los cuales habían sido habilitados, mientras que otros 124 no estaban en el sitio correspondiente al momento de la inspección.
Ante esta situación, la ANSV comenzó a intimar a municipios y jurisdicciones para que informen el estado operativo de los dispositivos. En los casos donde se compruebe que los equipos ya no funcionan o incumplen los requisitos legales, las autorizaciones serán dadas de baja.
De hecho, ya fueron inhabilitados seis radares fijos en Azul, provincia de Buenos Aires; un radar móvil en Exaltación de la Cruz y otros cuatro radares móviles en Dina Huapi, provincia de Río Negro.
Además, el organismo nacional advirtió que también avanzará contra equipos con verificaciones técnicas vencidas, exigiendo su regularización para evitar la revocación de las habilitaciones.
Uno de los puntos más preocupantes del operativo fue la detección de 152 radares instalados sin autorización nacional para emitir multas sobre rutas nacionales. Desde la ANSV señalaron que se exigió el retiro inmediato de esos dispositivos y remarcaron que el objetivo es “ordenar y transparentar” el sistema de fiscalización vial.
El especialista en tránsito Jota Leonetti sostuvo que “muchas veces la discusión sobre las fotomultas parece ser un tema de caja y no de seguridad vial”, aunque destacó que los radares son herramientas útiles cuando están ubicados en zonas de alta siniestralidad.
También reclamó cambios en la Ley de Metrología para agilizar el envío de las infracciones mediante sistemas automáticos y notificaciones digitales en menos de 48 horas.
La intervención de la ANSV se encuentra respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, normativa que establece que ningún radar puede operar legalmente sobre rutas nacionales sin autorización previa del organismo nacional.
Fuente: La Nación.
