La causa analizaba denuncias por fumigaciones realizadas en distintos campos cercanos a áreas habitadas entre 2011 y 2019. Durante el proceso judicial se debatió el impacto de los productos fitosanitarios sobre la salud de los vecinos y el ambiente, así como la eventual responsabilidad de productores, aplicadores y funcionarios encargados de los controles.

Al dar a conocer el veredicto, los jueces señalaron que existe evidencia científica que demuestra que los agroquímicos pueden generar contaminación y afectar la salud de las personas, especialmente en zonas próximas a los lugares donde se realizan aplicaciones. Sin embargo, concluyeron que no se pudo probar que los imputados hubieran cometido un delito según la legislación penal vigente.

En ese marco, fueron absueltos los productores agropecuarios acusados de contaminación ambiental, así como también un ingeniero agrónomo y un aplicador señalados por distintos episodios de fumigación ocurridos en 2019.

No obstante, el tribunal sí encontró responsabilidades en el ámbito del control estatal. Por ello, condenó a dos integrantes de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que no ejercieron adecuadamente las tareas de fiscalización que les correspondían.

Ambos recibieron una pena de dos años de prisión condicional, además de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia también contempla la realización de tareas comunitarias y otras reglas de conducta.

Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer en una próxima instancia, aunque los magistrados adelantaron que la decisión se basó en la falta de pruebas suficientes para atribuir responsabilidad penal directa a los productores, pese a reconocer la existencia de daños ambientales y sanitarios vinculados a la exposición a agroquímicos.

Fuente: Rosario 3.