El Tribunal Oral Federal N°4 condenó a los ex funcionarios kirchneristas Julio de Vido (ex ministro de Planificación) y José López (ex secretario de Obras Públicas) a cinco años de prisión, además de haberlos inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos, por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en el marco del caso de la empresa constructora Skanska.

Asimismo, se dictaron penas para ex directivos de la firma sueca y otros intermediarios; de los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas.

Mario Piantoni, exmáximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, expresidente de la empresa en el país; y Javier Azcárate, exgerente comercial, fueron condenado a cuatro años de prisión.

El resto de los exdirectivos como Eduardo Varni; Héctor Obregón; Juan Carlos Bos; Alejandro Gerlero; y Roberto Antonio Zareba recibieron la pena de tres años en prisión condicional.

El Tribunal que anunció, este lunes al mediodía, el veredicto del caso estuvo compuesto por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

El tribunal, por mayoría, entendió que en el caso se cometieron los delitos de cohecho (coimas) y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por las irregularidades para la ampliación de los gasoductos norte (TGN) y sur (TGS).

Por ello, junto a la condena de cárcel, los jueces también dispusieron el decomiso del producto del delito: si el fallo queda firme, entre todos los condenados deberán pagar 34 millones de pesos por la administración fraudulenta y 14 millones por las coimas actualizados por inflación desde que se cometió el hecho, en el año 2004, a la actualidad.

El caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista, donde se investigó el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004.

La empresa señalada de direccionar licitaciones y sobornar a ex funcionarios públicos fue acusada, además, de ocultar este esquema con el uso de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.

La prueba que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía, en la que un ejecutivo admitía que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras.

La resolución de este caso emblemático sienta un precedente sobre los mecanismos de control en la obra pública, mientras De Vido enfrenta otros procesos pendientes como la causa “Sueños Compartidos”.