Este lunes, el regreso a las aulas después de las vacaciones de invierno no será igual para todos. La segunda parte del ciclo lectivo 2026 comenzará durante la presente jornada con un paro nacional docente que tendrá fuerte impacto en las escuelas públicas bonaerenses.
Por su parte, el Gobierno nacional informó que realizará controles para verificar el cumplimiento del servicio mínimo educativo.
La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) por 24 horas y cuenta con la adhesión de la mayoría del Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), UDOCBA y AMET.
No obstante, la única organización que no se sumará será SADOP, el sindicato que representa a los docentes de establecimientos privados, por lo que, en principio, las escuelas de gestión privada no se verán alcanzadas por la protesta.
En la provincia de Buenos Aires, la huelga afectará especialmente a los niveles inicial, primario y secundario de las escuelas públicas, justo en la jornada en la que miles de estudiantes retoman las actividades luego del receso invernal.
CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una mayor inversión para el sistema educativo, además de cuestionar el recorte de partidas destinadas a infraestructura escolar, comedores, becas y conectividad.
Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció que realizará controles para verificar el cumplimiento del servicio mínimo que considera obligatorio tras la incorporación de la educación como servicio esencial.
A través del Ministerio de Capital Humano se desplegarán inspecciones muestrales en establecimientos educativos para constatar que se garantice al menos el 75% de la prestación habitual, aplicándose el decreto sobre la educación como un servicio esencial.
En caso de detectar incumplimientos, la administración nacional advirtió que podrá avanzar con las sanciones previstas por la legislación vigente.