“Un celular en manos de un preso es un arma”, sostuvo la funcionaria, al tiempo que detalló que se están aplicando medidas como la inhibición de señal, requisas periódicas, incautación de dispositivos y su posterior destrucción.

En ese marco, Monteoliva remarcó que la política implementada apunta a eliminar cualquier tipo de irregularidad dentro del sistema penitenciario. “No hay privilegios. No hay excepciones. El que las hace, las paga”, expresó.

Las declaraciones se dan en el contexto de una estrategia oficial orientada a reforzar el control interno en las cárceles y evitar la comisión de delitos desde el interior de los penales.