El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo del juez Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

En Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial, mientras que en paralelo se analizan otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.

Por el momento, si bien en la administración libertaria se está discutiendo cómo cumplir con los fondos que marca la ley, el plan apuesta a la apelación sistemática de las determinaciones judiciales.

El fallo firmado por el juez Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero condicionado su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.

El magistrado hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y a otra demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En concreto, cuestionó la frase incluida en el decreto que establecía que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”.

Para el juez Cormick, esa condición terminó funcionando como un mecanismo para frenar una ley que el Congreso había aprobado nuevamente con una mayoría de dos tercios después de que el Poder Ejecutivo la hubiera vetado.
De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

Además, el juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.