Por Dr. Martín Brignoli

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró INCONSTITUCIONAL la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley 27.609 que fue sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández.

Esta sentencia no define que ANSES deba ajustar automáticamente los haberes de todos los jubilados, pero abre un camino para aquellos que promuevan su propio reclamo judicial. Asimismo, el futuro de esta decisión dependerá del criterio que apliquen los tribunales superiores, en el caso de una apelación.

El tribunal analizó una demanda particular contra ANSES y concluyó que ese mecanismo de cálculo provocó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83%. En consecuencia, ordenó recalcular el haber del danmificado y pagar las diferencias que surjan de la liquidación. El fallo comparó el resultado acumulado de ambos esquemas y determinó que, con el índice cuestionado, las prestaciones aumentaron un 553,55% entre marzo de 2021 y marzo de 2024, mientras que con el parámetro basado en la variación de precios habría alcanzado 1.129,07%.

La Cámara de Seguridad Social indicó que la fórmula prevista en la Ley 27.426 equivale a 70% de inflación y 30% de evolución salarial medida por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. Desde entonces, el cálculo deberá enlazarse con el régimen de actualización mensual dispuesto por el Decreto 274/2024.

Alberto Fernández

Para quienes se jubilaron antes del 2020 y que no cobran bono de 70 mil pesos que refuerza la mínima, es decir que reciben haberes medios y altos, podría implicar un aumento del 70% de su percepción. A su vez, recordemos que la Corte Suprema ya definió que en materia previsional deberá resolverse CASO POR CASO.

La resolución

El tribunal sostuvo que la validez constitucional de una norma no es un atributo estático que queda sellado al momento de su sanción.

Indicó que la Ley 27.609 estableció actualizaciones trimestrales sobre la base de la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria destinada al sistema previsional. A diferencia de los regímenes anterior y posterior, no incorporó una pauta inflacionaria ni un piso que evitara la pérdida del valor real de los haberes.

En esa línea, consideró que ese diseño mostró sus límites cuando se aceleró la suba de precios a partir de 2022. Añadió que la fórmula no merecía reproche al tiempo de su sanción y que, durante su etapa inicial, acompañó la evolución del costo de vida, pero señaló que luego produjo un desfasaje sostenido.

El tribunal también consideró que los bonos, refuerzos y ayudas extraordinarias, a los que definió como subsidios asistenciales, no podían incorporarse a la comparación, porque no están integrados al haber ordinario ni tuvieron alcance sobre toda la pirámide previsional, a su vez remarco que la aceleración inflacionaria desatada a partir de 2022 puso de manifiesto el defecto estructural de prescindir de una variable vinculada a los precios.

La decisión se convirtió en el segundo antecedente judicial que declara inconstitucional la fórmula de movilidad prevista por la Ley 27.609 del gobierno de Alberto Fernandez, luego del fallo de la Cámara Federal de Mendoza que lleva más de un año en la Corte Suprema de Justicia.