La Justicia Federal y la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino lograron desarticular una organización narcocriminal dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes que operaba en Pergamino y otras ciudades bonaerenses. El mega operativo antidrogas culminó con 16 allanamientos simultáneos, el secuestro de drogas, dinero y vehículos, y la detención de cinco personas.
La causa se inició en agosto del año pasado a partir de denuncias anónimas que advertían sobre la actividad de un proveedor de drogas radicado en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno, quien abastecía distintos puntos de venta de estupefacientes ubicados en el barrio Jorge Newbery y en las inmediaciones de la plaza Almirante Brown de Pergamino.
Ante esos indicios, el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, ordenó una serie de medidas investigativas destinadas a corroborar la información recibida y determinar el alcance de la actividad ilícita denunciada.
Los agentes especializados de la Delegación de Drogas Ilícitas de Pergamino comenzaron con tareas de vigilancia, seguimiento y observación encubierta. Durante esos procedimientos detectaron a quien sería el principal proveedor, el cual viajaba regularmente a la vecina ciudad acompañado por su pareja, una integrante de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los investigadores observaron que cada vez que ambos visitaban determinados domicilios de Pergamino aumentaba significativamente el movimiento de personas en esos lugares, una circunstancia que reforzó las sospechas sobre la existencia de puntos de venta de droga.
A partir de los elementos reunidos durante la etapa inicial de la investigación, el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, autorizó la intervención de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos utilizados por los sospechosos.
Las escuchas telefónicas se extendieron durante aproximadamente siete meses. Según trascendió, llegaron a intervenirse diez líneas telefónicas de manera simultánea y se analizaron alrededor de 5.000 horas de conversaciones.
El material obtenido permitió reconstruir la estructura de la organización y conocer en detalle los mecanismos utilizados para el abastecimiento, distribución y comercialización de drogas.
La pesquisa permitió establecer que los puntos de venta que funcionaban en Pergamino no dependían de un único proveedor.
Los investigadores detectaron otra línea de abastecimiento con ramificaciones en Junín y Chacabuco. De acuerdo con la información obtenida, quien sería uno de los principales referentes de esa estructura se encuentra actualmente cumpliendo una condena por narcotráfico en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.
Para los investigadores, esa modalidad representaba una ventaja estratégica para la organización ya que dificultaba la detección de los movimientos vinculados al transporte y provisión de estupefacientes.
Las tareas de vigilancia realizadas en Pergamino también permitieron identificar múltiples domicilios relacionados con la organización, donde se desarrollaban distintas funciones dentro del esquema criminal, desde la venta al menudeo hasta el resguardo de droga y la administración del dinero proveniente de las operaciones ilegales.
Entre los inmuebles investigados se encontraban viviendas ubicadas en los barrios Jorge Newbery y zonas aledañas, además de una propiedad en la localidad de Rancagua.
Según los investigadores, la banda presentaba una estructura claramente organizada y con roles definidos.
En la cúspide se encontraría el líder encarcelado en Marcos Paz, quien mantendría contacto permanente con sus colaboradores externos. Debajo de esa conducción operarían los proveedores radicados en Cuartel V, Junín y Chacabuco, quienes serían los responsables de garantizar el abastecimiento de estupefacientes.
Finalmente, el último eslabón estaría compuesto por los vendedores minoristas que aparentemente distribuían la droga en distintos puntos de Pergamino.
La reconstrucción de esta estructura fue considerada una de las claves para solicitar las órdenes de allanamiento y avanzar sobre todos los integrantes identificados.
Con la evidencia acumulada durante diez meses de investigación, el fiscal Di Lello solicitó al juez Villafuerte Ruzo la realización de 16 allanamientos simultáneos.
Las órdenes judiciales incluyeron procedimientos en Pergamino, Junín, Chacabuco, Moreno y también requisas en una celda del penal de Marcos Paz y otra ubicada en la Comisaría Primera de Luján.
El operativo fue coordinado por la Delegación de Drogas Ilícitas de Pergamino y contó con la participación de aproximadamente 200 efectivos policiales.
Participaron además grupos especializados provenientes de distintas delegaciones antidrogas de la provincia de Buenos Aires, personal de la Sección Canes, integrantes del Grupo Especial Halcón, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería y personal de Seguridad Siniestral.
La magnitud del despliegue convirtió al procedimiento en uno de los operativos antidrogas más importantes desarrollados recientemente en la región.
Durante los allanamientos los investigadores secuestraron varios ladrillos de marihuana, cocaína en trozos compactos y dosis fraccionadas listas para su comercialización.
También incautaron importantes sumas de dinero en moneda nacional y dólares estadounidenses, balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento de la droga y dos vehículos que habrían sido utilizados para el transporte y distribución de los estupefacientes.
Los automóviles secuestrados fueron un Peugeot 308 blanco y un Peugeot 208, ambos considerados elementos de interés para la investigación judicial.
A raíz de los resultados obtenidos, la Justicia Federal ordenó la inmediata detención e incomunicación de cinco integrantes de la organización, tres mujeres y dos hombres, acusados del delito de comercialización de estupefacientes.
Los restantes tres imputados continúan vinculados a la causa y sometidos al proceso penal que se desarrolla en el ámbito federal.
De acuerdo con la legislación vigente, el delito atribuido a los acusados contempla penas que oscilan entre cinco y quince años de prisión.
Fuente: La Opinión Pergamino
